Procuraduría abre investigación disciplinaria contra rector de la Universidad del Atlántico

La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, actual rector de la Universidad del Atlántico, por una presunta incursión en prohibiciones legales durante el ejercicio de sus funciones. La decisión quedó consignada en un auto fechado el 14 de enero de 2026.

Según explicó el Ministerio Público, la actuación se origina en la verificación del cumplimiento de una sanción disciplinaria previa impuesta a Castillo Pacheco, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por un periodo de cuatro meses. Dicha sanción se encuentra registrada en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) desde el 11 de marzo de 2025.

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Dentro del expediente, la Procuraduría citó una comunicación oficial de la Universidad del Atlántico en la que se advierte que “no se ha materializado la ejecución de la sanción disciplinaria por parte de la Universidad del Atlántico, razón por la cual no es posible indicar fechas de inicio ni de finalización de la suspensión”. Además, se señaló que no se allegaron actos administrativos que acreditaran la aplicación efectiva de la medida.

El despacho destacó que esta situación adquiere especial relevancia debido a que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No. 024488 del 17 de diciembre de 2025, designó a Castillo Pacheco como rector de la Universidad del Atlántico, pese a que la sanción disciplinaria se encontraba registrada y sin evidencia de su cumplimiento.

De acuerdo con el auto, tras su designación, el investigado “ha venido ejerciendo y materializando actos como rector de la Universidad del Atlántico”, lo que implica el desempeño de funciones como representante legal, ordenador del gasto y máxima autoridad académica de la institución.

La Procuraduría concluyó que existen “los presupuestos fácticos y procesales para iniciar la etapa de investigación disciplinaria”, al considerar que la conducta podría configurar una falta disciplinaria que eventualmente sería calificada como gravísima, conforme a lo establecido en la Ley 1952 de 2019.

Finalmente, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas, la notificación al investigado y la realización de las diligencias administrativas necesarias para esclarecer los hechos, aclarando que la apertura de la investigación no constituye una sanción, sino el inicio formal del proceso disciplinario para determinar si hubo o no responsabilidad.

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