Reforma educativa: estos son los cambios en la nueva Ley Estatutaria tras negociaciones con Fecode

Este jueves, la bancada del Gobierno presentó su nueva ponencia, apoyada por el Ministerio de Educación, para el debate final en el Senado sobre el proyecto de ley estatutaria que establece la educación como un derecho fundamental. Los ponentes, María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Ariel Ávila, Aida Marina Quilcué y Julián Gallo, realizaron modificaciones significativas en respuesta a las críticas de Fecode, el sindicato de maestros.

Uno de los cambios más notables es en la evaluación docente. El polémico artículo 39, ahora artículo 40, sigue haciendo la evaluación obligatoria, pero elimina el parágrafo que vinculaba los resultados de las pruebas Saber de los estudiantes a esta evaluación. Además, el nuevo texto establece que la evaluación no podrá resultar en la desvinculación de los docentes, permitiendo que, incluso si reprueban repetidamente, no pierdan su puesto.

En cuanto al currículo, se ha eliminado la inclusión obligatoria de las matemáticas como un componente esencial de la formación integral. Sin embargo, se ha añadido un nuevo artículo que obliga al Estado a garantizar la formación en Filosofía, Humanidades y Ciencias Sociales en todos los niveles educativos. El nuevo texto también elimina la libertad de escoger la trayectoria educativa, un principio que Fecode temía podría abrir la puerta a los bonos escolares para financiar la educación en colegios privados.

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El Gobierno ha asegurado que no había intención de introducir estos bonos, pero la modificación elimina cualquier ambigüedad al respecto. Se han eliminado muchas referencias a la educación privada y mixta, lo que refleja una posición que prioriza el fortalecimiento de las instituciones educativas públicas con recursos públicos. Esto ha sido una exigencia tanto de Fecode como de ciertos sectores oficialistas y de universidades públicas.

El artículo 9, referente a la calidad educativa, ya no obliga al Estado a establecer parámetros de calidad específicos para cada nivel de aprendizaje, ni a asegurar que los programas de estudios sean coherentes con los objetivos de cada nivel educativo. En cambio, se enfoca en habilidades para la vida, derechos ciudadanos, educación socioemocional, entre otros.

Se eliminan los parágrafos que aseguraban que el reconocimiento del derecho fundamental a la educación no implicaba la promoción automática de los estudiantes. Esto había sido incluido para evitar que las instituciones educativas enfrentaran demandas por reprobar a los estudiantes. Aunque la educación inicial no se hace obligatoria, el nuevo texto establece que el Estado debe garantizar universalmente la educación de los 3 a los 6 años y asegurar la atención integral de los 0 a los 3 años. Esta inclusión responde a demandas de organizaciones defensoras de la infancia. 

La ponencia también elimina el artículo que reconocía el derecho fundamental a la educación terciaria, lo cual ha sido un punto divisivo. Mientras algunos ven esto como una forma de reconocer métodos de enseñanza accesibles y flexibles, otros consideran que devalúa la educación superior formal.

El debate está programado para el 17 de junio, y si no se aprueba ese día, el proyecto podría ser archivado.

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