Así se salvó el gobierno de pagar casi medio billón de pesos a contratista por la vía Ruta del Sol

Las autoridades judiciales del país negaron una demanda de carácter económico interpuesta por la empresa Concesiones y Construcciones Concisa S.A.S., que pretendía obtener una compensación por su exclusión del proceso de contratación de la Ruta del Sol sector III.

Con esta decisión, el Estado colombiano evitó el desembolso de una suma que, actualizada a la fecha, supera los 464 mil millones de pesos.

El pronunciamiento fue emitido de forma conjunta por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de un proceso contencioso-administrativo en el que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asumieron la representación de la Nación.

La controversia se originó en 2010, cuando Comcisa participó en la convocatoria pública No. SEA-LP-001-2010 para la adjudicación del contrato correspondiente al tercer tramo del proyecto vial conocido como Ruta del Sol. En ese entonces, la propuesta de dicha firma fue declarada inadmisible por la entidad encargada del proceso.

De acuerdo con los argumentos presentados por la ANI, la inadmisión obedeció al incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en los pliegos de condiciones.

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En particular, se identificaron inconsistencias en la verificación del cupo de crédito y en las condiciones financieras necesarias para acreditar la capacidad de endeudamiento del proponente.

Además, se señaló que la empresa no anexó una calificación de riesgo emitida por una entidad financiera habilitada, aspecto exigido para sustentar la solidez económica de los participantes.

La decisión del Consejo de Estado ratificó el criterio adoptado por la administración al momento de evaluar la propuesta, concluyendo que Concisa  no había satisfecho los parámetros establecidos para la etapa precontractual.

En consecuencia, las pretensiones indemnizatorias de la firma fueron rechazadas, lo cual impidió que el Estado asumiera un pago que, en términos históricos, habría representado una de las sumas más altas reconocidas en el marco de litigios por procesos licitatorios en el país.

El contrato fue finalmente otorgado a Yuma Concesionaria S.A., sociedad responsable desde entonces de la intervención del tramo vial que se extiende entre San Roque, Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar.

Las labores comprendidas en dicho contrato abarcan actividades de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, así como la ejecución de estudios técnicos y diseños pertinentes.

A propósito del fallo, el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, destacó que la resolución del litigio constituye un respaldo al proceder institucional en materia de contratación pública.

Según lo expuesto por el funcionario, el desenlace del proceso judicial refleja la consistencia de los actos administrativos y el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y defensa del patrimonio estatal.

Este caso se inscribe en un conjunto de litigios originados en procesos de contratación de gran envergadura en el país, donde entidades públicas han debido enfrentar reclamaciones de diversa índole por parte de firmas que participaron en convocatorias oficiales.

El resultado de esta controversia se considera un precedente relevante para futuras decisiones relacionadas con la evaluación de ofertas en concursos de infraestructura, particularmente en sectores estratégicos como el transporte terrestre.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado también manifestó que el fallo contribuye a consolidar el criterio de que las reglas de los procesos de selección deben ser aplicadas con rigurosidad técnica y jurídica, y que su desconocimiento por parte de los oferentes no puede dar lugar a compensaciones económicas posteriores.

Según esa entidad, la resolución reafirma la necesidad de fortalecer las capacidades estatales en la formulación, evaluación y defensa de contratos públicos.

Con este resultado judicial, las autoridades del sector infraestructura cerraron una disputa que se extendió por más de una década, durante la cual se debatieron aspectos financieros, administrativos y técnicos sobre la validez de la actuación estatal.

La decisión, ya en firme, deja sin efectos las reclamaciones de Concisa y garantiza la continuidad de la gestión pública sin comprometer recursos fiscales adicionales.

Ruta del Sol y sus controversias

La Ruta del Sol es uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos emprendidos por el Estado colombiano durante las últimas décadas.

Concebido con el objetivo de mejorar la conectividad entre el centro del país y la región Caribe, su trazado contempla una vía de aproximadamente 1.071 kilómetros que parte desde el municipio de Villeta, en Cundinamarca, y se extiende hasta la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, atravesando territorios de alto tránsito como Puerto Salgar, La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Aguachica y Bosconia.

Esta carretera fue diseñada para facilitar el transporte de carga y pasajeros, reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la competitividad logística del país y dinamizar el comercio nacional e internacional a través de los puertos del Caribe.

El proceso de estructuración contractual de la Ruta del Sol fue dividido en tres grandes tramos: Sector I, adjudicado al consorcio Helios, liderado por Construcciones El Cóndor S.A.; Sector II, otorgado al consorcio conformado por Odebrecht, Corficolombiana y CSS Constructores; y el Sector III, cuya adjudicación fue finalmente entregada a la firma Yuma Concesionaria S.A.

El valor total estimado del proyecto en su conjunto, al momento de su adjudicación en 2010, superaba los 5 billones de pesos, aunque las cifras exactas variaban dependiendo del tramo y las modificaciones contractuales posteriores.

En el caso específico del Sector III, el contrato adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura contemplaba la ejecución de estudios, diseños, construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de un tramo que va desde San Roque, en el Cesar, pasando por Ye de Ciénaga, hasta el municipio de Carmen de Bolívar, con una longitud superior a los 465 kilómetros.

Durante la fase de licitación del Sector III se presentaron varios proponentes, entre ellos Concesiones y Construcciones Concisa S.A.S., cuya oferta fue declarada inadmisible por incumplimiento de los requisitos financieros exigidos.

La propuesta no acreditaba adecuadamente la calificación de riesgo solicitada por los pliegos y presentaba deficiencias en la verificación del cupo de crédito.

Esta inadmisión derivó en una demanda que recientemente fue fallada a favor del Estado por parte del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decisión que evitó el pago de más de 460 mil millones de pesos.

El contrato para el Sector III fue adjudicado a Yuma Concesionaria S.A., una sociedad constituida por Strabag AG, Constructora Colpatria S.A., Concesionaria del Desarrollo Vial del Cesar S.A.S. y Mercantil Colpatria S.A..

La firma interventora designada fue el Consorcio Interventores Vial del Sol 3, cuya labor ha sido objeto de evaluación permanente por parte de la ANI y la Contraloría General de la República.

El contrato, con vigencia de 25 años, contempla la ejecución total del proyecto mediante el esquema de Asociación Público-Privada (APP), que incluye ingresos por recaudo de peajes a lo largo del tramo concesionado.

En total, el trazado del Sector III contempla la operación de siete estaciones de peaje: Platanal, El Difícil, Tucurinca, El Burro, La Loma, San Roque y La Gloria.

Al momento de la apertura de las primeras casetas, el valor promedio por vehículo liviano oscilaba entre los 7.000 y los 9.000 pesos, aunque con posterioridad las tarifas fueron actualizadas de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los términos contractuales.

Las obras fueron inauguradas por fases a lo largo de la última década, con hitos relevantes entre 2014 y 2017, aunque el proyecto no ha sido completamente finalizado en todos sus tramos debido a distintos factores de orden técnico, financiero y social.

La Ruta del Sol ha estado marcada por controversias judiciales y administrativas, especialmente en lo relacionado con el Sector II, tras el escándalo de corrupción internacional que involucró a la firma brasileña Odebrecht.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría determinaron la existencia de sobornos y pagos irregulares en la adjudicación de este tramo, lo que llevó a la terminación anticipada del contrato, la imposición de sanciones económicas, la apertura de procesos de responsabilidad fiscal y la captura de funcionarios públicos y representantes de las empresas implicadas. En contraste, el Sector III ha mantenido su ejecución, aunque con retrasos que han sido objeto de control institucional.

Actualmente, el estado de la vía en el tramo correspondiente al Sector III presenta avances significativos en cuanto a rehabilitación y mantenimiento, aunque persisten obras pendientes en algunos sectores, especialmente en zonas de difícil topografía o donde se han presentado conflictos con comunidades locales por temas de compra de predios y afectaciones ambientales.

La ANI ha informado que continúa el proceso de supervisión y ejecución de los cronogramas establecidos en el contrato, con el fin de garantizar la entrega definitiva del corredor vial conforme a los estándares de calidad exigidos.