Detalles inadvertidos de la sentencia que dejó en libertad a Salvatore Mancuso

De los 363 tipos penales que contempla el Código Penal colombiano quizás a Salvatore Mancuso Gómez, conocido con los alias "Mono Mancuso", "Santander Lozada", "Uno Quince", "Manuel" y "Triple Cero" no le falta ninguno o al menos muy pocos por cometer.

Con 59 años de edad, este hijo de un inmigrante italiano y una monteriana, el segundo de seis hermanos que estudió pero no culminó Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana y luego administración agropecuaria también sin culminar, se convirtió en un temible y bárbaro delincuente desde que militó en los Bloques Norte, Córdoba, Montes de María y luego como máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Los homicidios

Ha confesado más de 300 homicidios, incluido una bebé de apenas dos años de edad, también fue el determinador de las masacres de Mapiripán en la que cegaron la vida de 20 campesinos, la masacre de El Aro en donde murieron 15 civiles, masacre de la Gabarra en donde fueron asesinados 35 personas, la masacre de El Salado en donde fueron aniquiladas más de 100 personas.

El Bloque Catatumbo del que fue comandante se le señala del asesinato de más de 5.000 personas.

Su vida criminal la inició siendo hacendado en Córdoba cuando decidió tomar las armas tras la incursión en la zona del Ejército Popular de Liberación, EPL. El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizó, dos años después fue postulado a la Ley de Justicia y Paz 

La extradición 

El primero de diciembre de 2006 quedó a disposición del Inpec, el 13 de mayo de 2008 fue extraditado a los Estados Unidos, luego que en noviembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia hubiera emitido concepto favorable.

En la sentencia de libertad a prueba conocida este 4 de marzo, el juez de ejecución de penas evidenció que el 4 de octubre de 2023 el Alto Comisionado para La Paz remitió la Resolución 244 del 14 de agosto de 2023.

Mediante esta se designó como gestor de paz a Salvatore Mancuso Gómez con el propósito según dicho oficio de contribuir con su "conocimiento y experiencia" al diseño de proceso de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en el territorio nacional.

Así las cosas el pasado 23 de febrero el despacho acumuló a las ya penas acumuladas mediante auto del 27 de febrero de 2019 por sentencia anticipada transicional del 13 de diciembre de 2022 por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior fe Barranquilla fijándole una pena definitiva de 480 meses de prisión y multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El retorno 

El pasado 27 de febrero la Dijin dejó a disposición de ese despacho a Salvatore Mancuso luego de ser repatriado en calidad de deportado en un vuelo que procedió de Estados Unidos.

Y aunque tiene acumuladas dichas penas en tres fallos parciales, con orden de captura vigente con fines de extradición y con notificación de Circular Roja de Interpol librada en 2020 por una magistrada de Justicia y Paz. 

Sin embargo, más se demoró en aterrizar y en que el Inpec montara un dispositivo de seguridad de al menos 63 guardias para garantizar la vida y la integridad del exlíder paramilitar, que este en quedar en libertad.

El juzgado estableció que frente a las obligaciones contenidas en las tres sentencias transicionales, aún no se ha cumplido la de ofrecer disculpas pero evidenció que esto no se había dado por ocasión de Mancuso si no porque es un hecho que depende de las entidades encargadas de programar estos eventos.

Las fosas 

En cuanto a la entrega de fosas, se estableció que ya se había cumplido y verificado el componente de verdad en la que entregó la ubicación de las mismas y así como ocurrió el 6 de marzo de 2023 de decreto la libertad a prueba.

El juzgado determinó que Mancuso había cumplido con el término de ocho años de prisión establecido en la Ley de Justicia y Paz, así mismo se ha acreditado su compromiso con la verdad, así como el cumplimiento frente al tema de los bienes.

Bienes y lavado de activos

Por su parte la fiscalía 46 delegada ante el Tribunal certificó que no existen requerimientos en contra de Salvatore Mancuso por hechos cometidos con posterioridad a su desmovilización en 2004 pero dejó la salvedad que existe un proceso por lavado de activos en el que no existe aún medida de aseguramiento, entre otros, porque se encuentra suspendido en la jurisdicción especial para La Paz.

A su vez Mancuso indicó que todos los bienes los entregó e incluso detalló que fue necesario acudir a la Corte Suprema de Justicia para que requiera a Acción Social pues esta se rehusaba según él a recibir los bienes y argumentó que con esto quisieron justificar su extradición por el no cumplimiento de los requisitos.

Así mismo el exjefe paramilitar indicó que cree en Justicia y Paz, en la justicia restaurativa de la JEP y que esta velará por su seguridad física y jurídica, aseguró que regresó al país para evitar más víctimas y admitió que había sido nombrado como gestor de paz.

El expresidente Uribe

También habló del expresidente Uribe, aseguró que lo extraditaron sin ninguna justificación y que éste le había asegurado que el motivo no fue por incumplir si no como un acto discrecional de él como mandatario y que regresa al país después de "esa injusta extradición" para ponerle la cara a las víctimas y a trabajar por la desmovilización de los grupos armados.

En cuanto a la abogada de víctimas indicó que tenía reparos en decretar la libertad porque a su juicio y según lo manifestado por la Fiscalía no se han cumplido todos los requisitos pues hay 100 bienes que son objeto de investigación, 30 están en alistamiento de medidas cautelares y estos servirían para la reparación a las víctimas.

Otro de los apoderados de víctimas que representa a 1236 de ellas, señaló que ante Justicia y Paz hay 64.067 hechos, 29 imputaciones en trámite, 45 en audiencia concentrada y que aún no se ha terminado de versionar en al menos 400 hechos. Así mismo advirtió que en una sola audiencia en la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá hay 4.000 hechos.

Ministerio Público 

Con respecto a la Procuraduría, está señaló que debía serle impuesta limitantes en la locomoción sobre todo aquellos lugares de mayor concentración de víctimas, entre otras consideraciones porque para ser "gestor de paz" no requiere de una movilización ilimitada.

Así mismo se reiteró que Salvatore Mancuso tiene vigentes 33 medidas de aseguramiento, la primera impuesta el 7 de octubre de 2019 por 68 hechos, la segunda el 21 de octubre de ese mismo año por 1587 hechos y la tercera el 13 de febrero de 2020 por 332 hechos y la más reciente impuesta el 26 de enero de 2024. 

No obstante, existen además otros procesos con formulación de imputación, audiencia concentrada o lectura de sentencia de aproximadamente 65.067 hechos en los que se emitirán 45 sentencias parciales transicionales, esto son contar que le falta por versionar sobre 800 hechos. 

Frente a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá está certifico que tiene 14 medidas de aseguramiento con detención preventiva, una de ellas con fines de extradición.

Compromisos y bienes

Ahora bien, entre los compromisos está suscribir un acta de compromiso por cada uno de los fallos con las obligaciones específicas, verificar actividades resocializacion a través de trabajo, estudio y enseñanza, allegar escritos de disculpas y publicarlos en diarios de amplia circulación.

Además participar en los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, arrepentimiento y compromiso de no volver a incurrir en los mismos y prestar colaboración que contribuya a la localización de víctimas secuestrados o desaparecidas y de los cadáveres de los que tuviere conocimiento.

En cuanto a los bienes, en una audiencia pública que se llevó a cabo trece años atrás, el exjefe paramilitar aseguró que si le dan garantías a los testaferros él entregaría bienes inmuebles por valor de entre 5 o 6 millones de dólares , siempre y cuando se beneficie a los actuales tenedores con el principio de oportunidad.

Con la libertad a prueba Mancuso deberá presentarse cada tres meses en la secretaria de la Sala de Justicia y Paz en Medellín, no podrá desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó en los que se concentró su actuar criminal.

También debe notificar con treinta días de anticipación cualquier cambio de domicilio y vincularse y participar de manera obligatoria en el proceso de reintegración liderado por la Agencia de Reintegración y tampoco podrá salir del país sin autorización del juzgado y finalmente no podrá tener Armas de fuego. La libertad a prueba es por un término de cuatro años.

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