Secuestradores de las Farc de doce diputados del Valle reconocen su responsabilidad 22 años después

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia este domingo con la participación de siete integrantes de rango medio del Bloque Occidental de las extintas Farc-EP. Durante esta sesión, los comparecientes admitieron su implicación en los secuestros organizados por esta estructura guerrillera, que concentró sus operaciones en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el sur del Chocó. Este bloque es conocido, entre otros actos, por haber ejecutado el secuestro de 12 diputados del Valle en 2002.

Según las investigaciones adelantadas por la JEP, los secuestros formaban parte de una estrategia para presionar al Estado con el fin de lograr un intercambio de prisioneros, obtener recursos para financiar sus operaciones y consolidar control territorial en regiones del suroccidente del país. Estos hechos, considerados crímenes graves en el contexto del conflicto armado colombiano, han sido objeto de análisis detallado por parte del tribunal.

En esta diligencia, los mandos medios reconocieron su responsabilidad directa en los crímenes investigados. Este avance se suma a otros procesos similares en los que se han imputado responsabilidades a integrantes de diferentes bloques de las Farc-EP.

Por ejemplo, miembros del Comando Conjunto Central, operativo en Tolima, norte de Huila y Quindío, también han admitido públicamente su participación en secuestros. De igual forma, los responsables del Bloque Noroccidental, que abarcaba Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda, han asumido su culpabilidad en delitos similares.

En el marco de los siete años de investigaciones adelantadas por la JEP, se ha logrado imputar a siete exmiembros del último Secretariado de las Farc-EP por crímenes relacionados con secuestro. Estas acusaciones han conducido a reconocimientos públicos por parte de los exlíderes guerrilleros, quienes han admitido los hechos que tuvieron lugar bajo su mando.

Además de buscar justicia por los delitos cometidos, el proceso liderado por la JEP ha implicado un análisis profundo de las cadenas de mando dentro de la organización insurgente.

Esto ha permitido responder a las demandas de verdad planteadas por las víctimas, especialmente en casos donde los exjefes guerrilleros no contaban con información precisa sobre actos cometidos por sus subordinados.

Aunque las directrices establecidas dentro de las Farc-EP indicaban que los cautivos debían recibir un trato adecuado, las víctimas han señalado que fueron sometidas a múltiples formas de violencia.

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Entre los delitos documentados durante el cautiverio se incluyen desapariciones forzadas, desplazamientos, homicidios, torturas, tratos crueles e inhumanos, trabajos forzados y violencia sexual.

Estos testimonios han sido fundamentales para construir una narrativa completa sobre los impactos del secuestro en el marco del conflicto armado.

Este tipo de audiencias, además de permitir la judicialización de los responsables, busca garantizar la reparación de las víctimas y sentar precedentes en la búsqueda de justicia transicional en Colombia.

En medio de la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad del Bloque Occidental de las extintas Farc-EP, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, reivindicó el nombre del exdiputado del Valle, Sigifredo López.

“No solo tuvo que sufrir los horrores del cautiverio, sino que luego fue revictimizado y estigmatizado por un accionar totalmente errático de la justicia colombiana”, dijo el magistrado Ramelli.

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