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Raúl Ascencio y excompañeros procesados por vídeos sexuales y pornografía infantil

Juez formaliza el proceso penal contra el defensa madridista y tres excompañeros por grabar y difundir imágenes íntimas, una de ellas de una menor.

Raúl Asencio
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 14/05/2025 - 15:25 Créditos: Red social X @RaulAsencio7 / Jugador del Real Madrid, Raúl Asencio

Un juzgado de Gran Canaria, ha procesado formalmente a Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, y a sus excompañeros Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez por la grabación y difusión no consentida de vídeos sexuales, uno de ellos con una menor de edad como protagonista.

Según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez ha dictado el auto de procesamiento que cierra la etapa de instrucción y abre la vía para que la Fiscalía y las acusaciones formales presenten cargos y soliciten la apertura de juicio.

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El magistrado considera que existen indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, difusión de material íntimo sin consentimiento y captación o posesión de pornografía infantil.

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2023 en un complejo turístico del sur de Gran Canaria, donde los cuatro jugadores habrían conocido a dos jóvenes, de 16 y 18 años. Según la denuncia, las relaciones sexuales fueron consentidas, pero no así la grabación ni la difusión de los vídeos, que posteriormente circularon por WhatsApp.

Raúl Asencio no participó en la grabación del video con la menor, pero fue procesado por poseer el material y reenviarlo, lo cual reconoció en un mensaje de voz, según consta en un informe de la Guardia Civil. La Audiencia Provincial de Las Palmas ya había señalado que existen indicios racionales de que Asencio compartió el video, incurriendo en delitos graves.

Los otros tres futbolistas implicados fueron detenidos en septiembre de 2023 y no continuaron en el club. Asencio, por su parte, sigue vinculado al Real Madrid, aunque el proceso judicial en su contra continúa su curso.

El caso ha generado profunda preocupación por la vulneración de la intimidad de las víctimas, especialmente por el componente de violencia digital y explotación de menores, por lo que se espera una actuación rigurosa por parte del sistema judicial.

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