Altos directivos de Ecopetrol acuden a la embajada de EE.UU. en medio de la tensión por la Lista Clinton

Mientras el presidente Gustavo Petro participa en la COP30 en Belém, Brasil, una visita discreta de varios vehículos oficiales de Ecopetrol a la embajada de Estados Unidos en Bogotá abrió un nuevo frente de inquietud alrededor del impacto de las sanciones del Departamento del Tesoro en la principal empresa del Estado.

De acuerdo con testigos del evento en la sede diplomática se llevó a cabo una reunión a puerta cerrada entre funcionarios del área de cumplimiento de la petrolera y representantes de la embajada, centrada en los riesgos de que directivos de la compañía terminen vinculados a la llamada Lista Clinton.

En el encuentro, según esas mismas versiones, se planteó directamente a los diplomáticos si Ecopetrol debe anticipar escenarios en los que uno o varios de sus ejecutivos sean incluidos en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro encargada de administrar las sanciones financieras de Estados Unidos.

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La conversación, de carácter reservado, habría girado alrededor de las implicaciones que tendría una eventual designación de algún miembro de la alta dirección en pleno funcionamiento de la empresa, listada en las bolsas de Bogotá y Nueva York, y con operaciones y contrapartes en varios países.

El contexto inmediato de la cita es la inclusión, el pasado 24 de octubre, del presidente Gustavo Petro en la lista de sancionados por Estados Unidos bajo un programa dirigido contra actores vinculados al tráfico ilícito de drogas.

En el mismo paquete fueron incorporados su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. En Colombia, este listado es conocido popularmente como Lista Clinton, aunque la denominación oficial corresponde a la lista de la OFAC.

La medida implica la inmovilización de bienes y activos de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de hacer negocios con personas o entidades de ese país y una advertencia para empresas y bancos de otras jurisdicciones que mantengan relaciones con ellos.

En la práctica, las sanciones comprometen el acceso al sistema financiero internacional y obligan a compañías con presencia en Estados Unidos, como Ecopetrol, a revisar con detalle sus exposiciones de riesgo y sus políticas de cumplimiento.

En comunicaciones recientes, funcionarios del Gobierno de Washington han insistido en que las sanciones buscan presionar a la cúpula política y no castigar a la economía colombiana en su conjunto.

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El secretario de Estado Marco Rubio —en una declaración que ha circulado ampliamente— sostuvo que el paquete está dirigido contra el jefe de Estado y su entorno cercano, y no contra las instituciones ni la población colombiana, aunque el alcance práctico de esas medidas sobre empresas estatales es motivo de análisis permanente en los mercados.

En ese clima, la interpretación que se abre paso en sectores económicos es que la visita de los equipos de cumplimiento de Ecopetrol a la embajada forma parte de un ejercicio de gestión de riesgos para entender con mayor precisión los efectos de las sanciones ya impuestas y los escenarios que podrían abrirse si se amplía el círculo de personas incluidas en la lista.

Entre las hipótesis que se manejan se encuentra la posibilidad de que las autoridades estadounidenses valoren la situación jurídica del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien arrastra varios procesos relacionados con su papel como gerente de la campaña presidencial de Petro en 2022.

Roa, ingeniero y hombre de confianza del actual presidente, fue designado al frente de Ecopetrol en 2024, luego de una carrera en el sector energético y su rol como gerente de la campaña ganadora.

Desde entonces su nombre quedó en el centro de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de topes de financiación y recepción de aportes prohibidos durante las dos vueltas de la contienda.

La propia Ecopetrol ha reconocido públicamente que el CNE abrió investigación y formuló cargos a la campaña, cuyo gerente fue Roa, y ha insistido en que el proceso se encuentra en etapa administrativa.

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A esas actuaciones se suman pesquisas de la Fiscalía contra el presidente de Ecopetrol por su gestión en la campaña, centradas en el rastreo de gastos publicitarios y en la revisión de soportes contables y contractuales ligados a la estrategia de comunicaciones del Pacto Histórico en 2022.

La Dirección Especializada contra la Corrupción ordenó a peritos del Cuerpo Técnico de Investigación recaudar facturas, contratos y comprobantes de pago en distintos para establecer si hubo omisión de reportes y desviaciones en el manejo de recursos.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia abrió un expediente sobre presuntas irregularidades en el uso de vuelos chárter y servicios aéreos durante la campaña, caso en el que el nombre de Roa aparece mencionado como posible responsable de modificaciones en bitácoras para ocultar gastos asociados a una empresa contratista. El monto de los recursos cuestionados supera los mil millones de pesos, según reseñas de prensa.

Ecopetrol, por su parte, contrató a la firma estadounidense Covington & Burling para evaluar el impacto que estos procesos podrían tener en la percepción de autoridades regulatorias y de la Bolsa de Nueva York.

El mandato de esa consultora incluye el examen de la investigación del CNE, la compra de un apartamento en Bogotá por parte de Roa y otros asuntos que podrían interesar a supervisores financieros y a inversionistas internacionales, lo que muestra hasta qué punto la compañía es consciente del potencial efecto reputacional y regulatorio de los expedientes que involucran a su presidente.

En ese contexto, la pregunta que, según fuentes del sector, se planteó en la embajada de Estados Unidos va más allá del caso individual de Roa y apunta al diseño de planes de contingencia.

Una eventual inclusión del presidente de Ecopetrol o de otro alto directivo en la Lista Clinton obligaría a la compañía a revisar el acceso a determinados bancos, a reconfigurar canales de financiación en dólares, a reformular su relación con proveedores y socios con exposición a jurisdicción estadounidense, e incluso a considerar cambios en la administración para proteger la continuidad del negocio.

La visita de los directivos de Ecopetrol a la embajada tuvo lugar mientras el jefe de Estado intervenía en la COP30 en Belém, foro en el que ha insistido en su discurso sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y ha cuestionado la política exterior de Washington en distintos escenarios. 

La conferencia climática se desarrolla del 10 al 21 de noviembre en Brasil, con una agenda centrada en financiación y transición energética, y ha sido escenario de nuevas tensiones diplomáticas por la ausencia de delegación oficial estadounidense y por los señalamientos cruzados entre gobiernos sobre el cumplimiento de metas ambientales.

Al margen de la discusión climática, para Ecopetrol el calendario inmediato está marcado por la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre de 2025, prevista para este jueves 13 de noviembre.

Analistas del mercado proyectan utilidades netas en un rango entre 2,5 y 2,7 billones de pesos, lo que supondría un repunte frente a los 1,8 billones reportados en el segundo trimestre, aunque todavía por debajo de los niveles alcanzados en 2024.

Las estimaciones apuntan a ingresos cercanos a 29 billones de pesos y a un Ebitda que rondaría los 11,7 billones, en un entorno de menores precios internacionales del crudo y ajustes fiscales que han presionado los márgenes.

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