Camilo Sánchez de Andesco cuestiona proyecto de ley del gobierno para reformar los servicios públicos

En un reciente desarrollo que ha capturado la atención del sector de servicios públicos, un borrador de proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos ha generado amplias discusiones y preocupaciones. 

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, ha tomado una postura crítica frente a este, argumentando que el proyecto plantea una intervención estatal significativa en la regulación de los servicios públicos, lo que podría alterar el equilibrio entre los sectores público, privado y mixto que ha contribuido al éxito del modelo actual.

Según Sánchez, el proyecto en cuestión parece socavar la confianza en el marco regulatorio existente en el país, con propuestas que sugieren una abolición de la estructura regulatoria vigente. 

Este movimiento, percibido como un paso hacia el privilegio de entidades estatales sobre las privadas y mixtas, ha encendido alarmas sobre el futuro de la prestación de servicios en el país.

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El borrador del proyecto de reforma ha sido objeto de críticas por varios aspectos que, según líderes del sector como Sánchez, podrían tener consecuencias adversas. 

Entre las preocupaciones destacadas se encuentra la ausencia de principios rectores considerados fundamentales para el desarrollo y mejora de la cobertura y calidad de los servicios públicos, tales como la libertad de entrada y la suficiencia financiera. 

Además, la ampliación de poderes al presidente de la República y al superintendente de Servicios Públicos, que incluyen capacidades regulatorias directas y sancionadoras, respectivamente, ha sido vista con escepticismo debido a los riesgos de arbitrariedad e ineficiencia.

Otro punto de controversia es la inclusión de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la reforma, a pesar de las particularidades que distinguen a este sector de los servicios públicos domiciliarios tradicionales. 

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La propuesta sugiere un tratamiento homogéneo que podría ignorar las necesidades específicas y la regulación especializada que ya existe para las TIC.

El debate también ha tocado la cuestión de los mínimos vitales y las fuentes de financiación necesarias para garantizar estos servicios básicos en un contexto de restricciones fiscales y desaceleración económica. 

La preocupación es que, sin una planificación financiera clara, estas medidas podrían aumentar el déficit fiscal y comprometer la estabilidad financiera de las empresas proveedoras de servicios.

Camilo Sánchez ha hecho un llamado a la prudencia y al diálogo continuo, subrayando la importancia de preservar los logros del sector de servicios públicos, reconocido en Latinoamérica por su cobertura y calidad. 

El mensaje central es que cualquier reforma debe ser cuidadosamente considerada para evitar consecuencias negativas irreparables para los usuarios y el modelo de servicio público que ha servido al país durante las últimas décadas.

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