Colombia enfrenta recortes presupuestales en vivienda, educación e infraestructura

El desplome del recaudo tributario en Colombia, que cayó un 6,77% anual hasta octubre de 2024, está afectando seriamente el crecimiento económico y la inversión pública. Según la Dian, los ingresos acumulados este año llegaron a $223,86 billones, lo que representa $16,25 billones menos que en el mismo periodo de 2023, cifras que colocan el recaudo entre los más bajos de las últimas dos décadas, superado solo por la pandemia.

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El Ministerio de Hacienda confirmó un recorte inicial de $20 billones y anunció otro de $33 billones para ajustar el presupuesto 2024. Estas medidas han impactado sectores fundamentales como vivienda, educación e infraestructura, limitando la ejecución de proyectos y reduciendo transferencias monetarias de programas sociales.

El sector vivienda enfrenta una disminución del 39% en su presupuesto para 2025, lo que afecta los subsidios del programa Mi Casa Ya, clave para familias de menores ingresos. Camacol alertó que la reducción provocará una caída en la construcción de vivienda social y la pérdida de 200 mil empleos el próximo año.

En educación, Icetex reportó retrasos en giros y una posible reducción presupuestal de $1 billón para 2025, lo que afectaría a más de 180 mil estudiantes. Aunque el Gobierno asegura que los recursos de 2024 están garantizados, la Procuraduría ha intervenido para investigar los retrasos en desembolsos.

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En infraestructura, recortes por $1,16 billones han paralizado obras clave como los puntos críticos de la vía Bogotá-Villavicencio y proyectos prioritarios en otras regiones. Esto, sumado a problemas de ejecución, amenaza con dejar incomunicadas zonas estratégicas del país.

Expertos como Andrés Langebaek, del Grupo Bolívar, señalan que el consumo del gobierno, un motor clave del PIB, cayó un 8,3% entre julio y septiembre. Además, se proyecta que los ingresos del país terminarán el año $76 billones por debajo de lo esperado, obligando a nuevos recortes para cumplir con la Regla Fiscal.

La baja ejecución presupuestal, estimada en un 85%, está afectando la entrega de bienes y servicios esenciales. Esta situación refleja, según economistas, no solo un problema de ingresos, sino una planificación ineficiente que frena la recuperación económica y agrava las dificultades de la población más vulnerable.

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