Petro y Banco de la República se enfrentan por impacto del salario mínimo de 2026 en inflación

El debate sobre el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 abrió un nuevo frente de tensión entre el presidente Gustavo Petro y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

La controversia se intensificó tras unas declaraciones de Villar en las que advirtió que un aumento elevado en el salario mínimo podría dificultar el control de la inflación.

El pronunciamiento fue respondido por el jefe de Estado, quien rechazó de forma pública esa interpretación y cuestionó el papel del Emisor en la política económica del país.

El desencuentro se hizo visible a través de mensajes publicados por el mandatario en su cuenta de la red social X, en los que refutó los argumentos de Villar, señalando que el fenómeno inflacionario en Colombia no obedece a los incrementos salariales ni a un exceso de liquidez, sino a otros factores estructurales.

Según Petro, la especulación en los precios del gas y las altas tasas de interés establecidas por el Banco de la República han sido elementos determinantes en la persistencia de la inflación.

En su intervención, el presidente afirmó que la junta directiva del Banco ha incurrido en un error de diagnóstico al considerar que el aumento de liquidez es la causa principal del incremento en los precios.

Además, sostuvo que la política de tasas altas, promovida por la entidad monetaria, ha generado una transferencia de recursos del presupuesto público hacia los grandes inversionistas, lo que, en su opinión, contribuye a la concentración de la riqueza y afecta negativamente la producción nacional.

Petro también señaló que el Banco de la República ha adoptado una postura que, a su juicio, no guarda respeto ni hacia el Ejecutivo ni hacia las dinámicas de la economía nacional.

Criticó en particular lo que denominó como un subsidio al "rentismo", consistente en favorecer a quienes reciben ingresos por intereses de bonos de deuda pública, sin desempeñar actividades productivas.

En ese sentido, cuestionó que se prolongue un modelo económico que, según dijo, beneficia a un grupo reducido de personas mediante mecanismos financieros, sin que exista una contribución efectiva al desarrollo económico del país.

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El mandatario también responsabilizó a decisiones del gobierno anterior, encabezado por Iván Duque, y a integrantes del Congreso, en particular la Comisión Tercera del Senado, de haber generado un déficit fiscal que no debe ser solventado a costa de los trabajadores mediante restricciones salariales.

Afirmó que los ajustes necesarios no deben recaer sobre quienes dependen de un salario mínimo, al tiempo que reiteró que las condiciones actuales requieren un enfoque distinto para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos.

El origen de esta nueva disputa se encuentra en el inicio de las mesas de concertación para definir el salario mínimo del próximo año.

El proceso comenzó el 1 de diciembre y se desarrolla en un ambiente marcado por las diferencias entre el Gobierno y representantes del sector privado.

A lo largo del segundo semestre de 2025, ya se habían presentado señales de desacuerdo, particularmente cuando el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, anunció que no participaría en las discusiones al considerar que no existían las condiciones para llegar a un consenso que beneficiara a todas las partes involucradas.

La controversia se agudizó con la declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien manifestó que el salario mínimo debería aumentar un 11 %.

Aunque esta cifra no constituye una propuesta oficial ni ha sido adoptada en las mesas, generó preocupación entre empresarios y gremios, que consideran que ese porcentaje podría afectar la estabilidad económica y limitar la capacidad de generación de empleo formal.

Organizaciones empresariales han reiterado que el aumento del salario mínimo debe mantenerse dentro de los márgenes establecidos por la combinación del índice de inflación y el crecimiento de la productividad.

Bajo este enfoque, la mayoría de los gremios coincide en que el ajuste para 2026 debería ubicarse entre el 7 % y el 7,5 %, para garantizar sostenibilidad en los costos laborales sin perjudicar la actividad empresarial.

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