SIC asegura que evacuó avalancha de 29.000 demandas de usuarios por aerolíneas Viva Colombia y Ultra Air

El ‘Plan integral de descongestión judicial: hacia una administración de justicia pronta, eficaz y oportuna en la SIC’, estrategia cuya finalidad era darles respuesta en el corto plazo a las demandas de justicia presentadas por los ciudadanos, dado su aumento inusual y exponencial, acaba de finalizar.

La estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el concurso de su Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, recibió durante el 2023 un total de 96.572 demandas de protección al consumidor, lo que representó un crecimiento del 50% de demandas en comparación con el 2022.

Por ende informó la SIC que la meta que se trazó consistió en descongestionar en el menor tiempo posible su
sistema de administración de justicia, es decir, analizar para su admisión o inadmisión 28.805 demandas en 48 días. 

En consecuencia, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales le entrega al país un balance positivo, ya que alcanzó un porcentaje de efectividad del 100% en la administración de justicia, con cero demandas por evacuar.

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El aumento del número de demandas en materia de consumidor se originó, en mayor medida,bpor el cese inesperado de las operaciones aéreas de las compañías Viva Colombia y Ultra Air.

El ‘Plan integral de descongestión judicial’ comprendió las siguientes medidas:

1. La suspensión de los términos judiciales en las acciones de protección al consumidor, infracción a los derechos de propiedad industrial y competencia desleal que se tramitan ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

2. La suspensión de términos se extendió por 48 días calendario contados desde el 24 de abril hasta el 10 de junio del presente año, tiempo durante el cual no corrieron términos.

3. Inventario real de los procesos a cargo de la Delegatura.

4. Clasificación técnica de los procesos por especialidad y proximidad temática.

5. Adopción de una nueva estructura de decisión judicial: breve, concisa y clara, lo que le permite al ciudadano conocer el objeto del litigio o el problema jurídico que se debe resolver (a partir de los argumentos traídos a colación por los sujetos procesales), informa anticipadamente el sentido de la decisión y las razones que justifican su adopción.

6. Los términos se reanudarán el 11 de junio del 2024.

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