Venezuela después de Maduro: una economía en suspenso entre la urgencia interna y la promesa del petróleo

A las primeras horas de enero, cuando todavía no terminaban de asentarse las versiones sobre la salida de Maduro del poder, el impacto económico empezó a sentirse como suelen sentirse las crisis en Venezuela: en el precio del dólar, en la conversación de la calle y en la ansiedad de los comercios que reetiquetan a contrarreloj.

La cotización oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) abrió este martes 6 de enero en el entorno de los 308 bolívares por dólar, según reportes que replican el dato oficial, en un contexto donde cada variación del tipo de cambio funciona como termómetro de confianza y, al mismo tiempo, como combustible de nuevos ajustes de precios.

Ese mismo movimiento —con la política dominando el pulso de la economía— se reflejó afuera. En los mercados internacionales, el petróleo incorporó “prima de riesgo” por la turbulencia venezolana, no solo por la posibilidad de interrupciones logísticas, sino por el escenario contrario: una eventual normalización que, con inversión y cambios regulatorios, permita recuperar producción en el mediano plazo.

Le sugerimos leer (Maduro suma un segundo abogado en EE.UU.: exfuncionario de Reagan entra a su defensa)

Reuters registró que el precio del crudo repuntó al calor de la incertidumbre y de la pregunta clave: qué pasará con los flujos de exportación y con el esquema de sanciones que, durante años, condicionó la capacidad de PDVSA y de sus socios para colocar barriles y recibir pagos.

En Venezuela, sin embargo, el petróleo no es solo un precio internacional. Es una promesa repetida y, a la vez, una infraestructura corroída por décadas de mala gestión, caída de inversión y restricciones externas.

Los datos citados por medios internacionales ubican la producción venezolana alrededor de 934.000 barriles por día en noviembre (cifra atribuida a fuentes vinculadas a reportes de la OPEP), un nivel muy inferior al de las décadas en que el país superaba holgadamente los tres millones de barriles diarios.

Esa brecha explica por qué, cuando desde Washington se habla de “reconstrucción” del sector, los analistas no discuten solo la voluntad política sino el tamaño del agujero técnico: Reuters recogió estimaciones de que levantar de manera sostenida la producción exige años y decenas de miles de millones de dólares, aun suponiendo un entorno político estable y reglas claras para las empresas.

La escena, mientras tanto, no ocurre en un vacío estadístico. Venezuela arrastra un problema estructural que se hizo más agudo en los últimos años: la falta de datos oficiales completos y oportunos.

Le recomendamos leer (Tekashi 6ix9ine celebra compartir cárcel con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York)

En noviembre de 2025, una nota citada por Swissinfo advertía que el país llevaba un año sin cifras oficiales actualizadas de inflación, lo que erosiona la planificación de hogares y empresas y obliga a operar con mediciones alternativas.

En ese vacío, estimaciones y proyecciones de organismos multilaterales se convierten en brújula imperfecta: el FMI, en su ficha país, proyecta para 2026 un crecimiento real del PIB de apenas 0,5% y una variación de precios al consumidor de 269,9%, cifras que, por sí solas, describen una economía que no “sale” de la inflación, apenas cambia de velocidad.

La vida cotidiana aterriza esos porcentajes en un dato que se volvió símbolo: el salario mínimo oficial permanece en 130 bolívares desde marzo de 2022 y, convertido a tipo de cambio oficial, equivale a fracciones de dólar al mes, insuficiente incluso para consumos básicos.

En la práctica, la supervivencia se organiza con una mezcla de ingresos informales, remesas, bonos y “arreglos” familiares. Allí, la caída de Maduro —por sí sola— no cambia el precio del transporte, ni llena anaqueles, ni recompone un sistema de servicios públicos que condiciona la productividad: electricidad irregular, agua intermitente, combustibles con distribución desigual.

Lo que sí cambia es el clima de expectativas, y en Venezuela las expectativas son un factor económico: cuando la gente cree que viene una corrección, compra; cuando cree que viene un salto del dólar, se protege; cuando cree que puede haber un “nuevo orden”, espera y se inmoviliza.

En ese juego, el bolívar se comporta como un relato que se escribe en tiempo real. Reuters reportó que la moneda perdió alrededor de 83% de su valor durante 2025, antes del quiebre político de enero de 2026, un dato que ayuda a entender por qué cualquier noticia sobre sanciones, licencias petroleras o transición de poder se traduce en movimientos abruptos en el mercado cambiario y en la fijación de precios.

La economía venezolana lleva años dolarizándose “por la vía de los hechos”: no siempre de manera formal, pero sí como mecanismo de defensa frente a la pérdida de valor del bolívar.

Tras la caída de Maduro, esa dolarización social se enfrentó a una paradoja: si el cambio político abre el acceso a divisas petroleras y reduce incertidumbre, podría estabilizarse el mercado; si, por el contrario, se prolonga el pulso institucional, la economía volverá a su patrón conocido, el de remarcar para sobrevivir.

En paralelo, el país llega a 2026 con una crisis social que no espera a que se resuelvan los debates de élites. La diáspora venezolana ya ronda los 7,9 millones de refugiados y migrantes en el mundo, según cifras consolidadas por ACNUR, una salida masiva que no solo expresa pobreza e incertidumbre, sino que también altera la economía interna: reduce fuerza laboral, fragmenta hogares y, al mismo tiempo, alimenta remesas que se vuelven un sostén esencial para millones.

La seguridad alimentaria sigue siendo crítica: el Programa Mundial de Alimentos (WFP) advierte que alrededor del 15% de la población —unos 4 millones de personas— necesita asistencia alimentaria urgente, y que una proporción mucho mayor enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa.

En ese contexto, “mejorar la economía” no es un eslogan: es lograr que el salario vuelva a significar algo, que la inflación deje de dictar la agenda diaria y que el empleo formal exista fuera del Estado.

De puertas afuera, el tablero que se mueve con más rapidez es el petrolero-financiero. La gran pregunta, tras la caída de Maduro, es qué pasará con el régimen de sanciones y con las licencias que permitían operaciones limitadas de compañías como Chevron.

Le va a interesar (“No hay agente externo gobernando el país”, Delcy Rodríguez)

El propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene información pública y actualizada sobre el programa de sanciones vinculadas a Venezuela, que define qué transacciones son posibles, bajo qué licencias y con qué restricciones. 

A esto se suma que Washington, incluso antes del desenlace de enero, venía incrementando acciones contra la evasión de sanciones y redes de comercio opaco, lo que golpea exportaciones y el flujo de caja del Estado venezolano.

Con Maduro fuera del poder, la discusión se desplaza: de la presión para aislar al régimen, hacia el diseño de condiciones para una eventual reinserción petrolera, si existiera un arreglo político que otorgue legitimidad y seguridad jurídica.

Pero Venezuela no es solo petróleo. La caída de Maduro reabrió, también, el debate sobre qué hacer con una economía con instituciones debilitadas.

En términos de manual, el país necesita un ancla monetaria creíble, un programa fiscal que deje de depender de atajos inflacionarios, reconstrucción de estadísticas públicas, y un marco de inversión que permita recuperar infraestructura, desde refinerías hasta carreteras.

En términos reales, el problema es que cualquier plan requiere gobernabilidad: sin acuerdos mínimos, los capitales se quedan en la puerta, y el costo lo pagan los ciudadanos con más inflación, más migración y más precariedad.

La fotografía macro tiene, además, una capa de incertidumbre que conviene no disfrazar. Parte de las cifras más recientes provienen de organismos internacionales y de mediciones indirectas, precisamente porque la publicación de datos oficiales ha sido intermitente.

Y aunque algunos indicadores mostraron crecimiento en años recientes —con rebotes asociados a la dolarización de facto, cierta apertura comercial y nichos petroleros—, el punto de partida sigue siendo un país que sufrió una contracción histórica durante la década pasada y que no reconstruye, en semanas, lo que se destruyó en años.

En las calles de Caracas, Maracaibo o Valencia, esa historia se resume sin tecnicismos: “si baja el dólar, bajan los nervios; si sube, sube todo”. La caída de Maduro puso a la economía en una sala de espera.

La gente no solo mira quién manda: mira si el nuevo poder puede detener la inflación, normalizar el combustible, traer inversión sin volver a hipotecar el país y reabrir oportunidades para que quedarse sea una decisión racional y no un acto de fe.

Hoy, la economía venezolana tras la caída de Maduro se parece a un puente colgante: se mueve con cada noticia, pero sigue en pie porque la sociedad aprendió a sobrevivir sobre el vaivén.

La pregunta decisiva no es si habrá un “boom” petrolero en titulares, sino si el país será capaz de convertir el cambio político en instituciones, estadísticas confiables y reglas estables.

Sin eso, el petróleo volverá a ser lo de siempre: una promesa que ilumina desde lejos, mientras el mercado —y la nevera— se quedan esperando.

Otras noticias