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Vicepresidente de Ecopetrol autorizó pago de 42 millones de dólares pese a alertas de la UIAF
Bernardo Forero, alto directivo de la petrolera, impulsó el giro a Termomorichal mientras el presidente Roa ignoraba advertencias internas y reportes de operaciones sospechosas.
Un documento interno de Ecopetrol, divulgado por La W tras la revelación de El Reporte Coronell, ha puesto bajo la lupa a Bernardo Forero, vicepresidente de la petrolera y responsable de avalar el pago de 42 millones de dólares al empresario William Vélez. El giro, realizado a Termomorichal por la transferencia de plantas de generación de energía, no estaba contemplado en las obligaciones contractuales y se produjo pese a reiteradas advertencias de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La reunión del comité en la que se aprobó la operación dejó registro de las dudas de varios integrantes. El acta señala que se solicitó al área jurídica elaborar una justificación amplia para respaldar el otrosí que habilitaba el desembolso, incluyendo antecedentes técnicos, escenarios evaluados y el método de elección empleado. La preocupación era evitar inconsistencias en una transacción catalogada como excepcional.
El vínculo entre los protagonistas agrava las sospechas. Vélez, beneficiario del pago, fue antiguo jefe de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y figura central en denuncias sobre la adquisición de un apartamento de lujo al norte de Bogotá. Pese a que la UIAF ya había observado a Forero antes de la llegada de Roa a la compañía, la reacción interna fue de protección y no de control.
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De acuerdo con El Reporte Coronell, en enero de 2025, seis meses después del desembolso, la UIAF volvió a emitir una alerta sobre Forero. No obstante, Roa no impulsó investigaciones disciplinarias ni medidas correctivas. Las advertencias externas quedaron archivadas mientras la alta gerencia mantenía en su cargo al responsable del procedimiento.
El caso abre interrogantes sobre gobierno corporativo y transparencia en la principal empresa estatal del país. A la espera de que se determinen responsabilidades, la cadena de decisiones que permitió un pago extraordinario a un antiguo socio de la cúpula sigue generando presiones políticas y regulatorias.
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