Fiscalía acusará a actual director de Federación Nacional de Departamentos

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Santander y actual director de la Federación Nacional de Departamentos Didier Tavera, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE. 

Según el documento radicado en la Corte Suprema de Justicia, Tavera, deberá responder por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros a título de dolo en calidad de autor.

Según el escrito de acusación, “Didier Tavera Amado, frente a los anteriores hechos, conocía que su decisión era contraría derecho, pues no se debía direccionar los requisitos en la licitación para que ganara a quien se contrató y mucho menos permitir que se perdieran los recursos públicos en favor de terceros". 

Como lo documentó la Agencia de Periodismo Investigativo (API), el pasado 11 de diciembre, un fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Tavera los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros por el Programa de Alimentación Escolar, PAE. Incluso, en el año 2016 fue privado de la libertad en su domicilio.

Un lío que en su momento sacudió al departamento de Santander, pero que con el paso del tiempo y la declaratoria de la pandemia, apenas tres meses después, quedó en el olvido.

En la audiencia de imputación y medida de aseguramiento en contra de Tavera ante el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal del caso aseguró que el mandatario presuntamente suscribió tres contratos del PAE en el año 2016 para la alimentación de 124.892 estudiantes en 82 municipios que afectaron al departamento en al menos $10.000 millones.

La imputación de cargos evidenció el contrato 601 de 2016 y dos adiciones presupuestales que suscribió la administración del exgobernador Tavera con la firma Surcolombiana de Inversiones.

Uno de los cuestionamientos que realizó el ente acusador fue que dicha empresa suscribió un contrato por $30 millones para el suministro de tamales dentro del Plan de Alimentación Escolar, PAE, con una empresa de grúas del departamento del Meta.

En su momento, el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez en una rueda de prensa en Bucaramanga aseguró, “pudimos constatar, en Acacías, que la empresa no tiene por objeto la fabricación de tamales y lo más revelador es que los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tenían esas habilidades culinarias y que por supuesto no sabían hacer tamales”. 

Con un reproche adicional y es que el plato gastronómico de departamentos como Tolima y Santander no son incluidos por los nutricionistas dentro del programa de alimentación de los más pequeños.

El exgobernador de Santander no es el único funcionario que tiene un proceso vigente, con imputación de cargos, por el manejo del PAE. 

En el año 2017, fueron llevados ante la justicia Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación y Aníbal González funcionario a cargo del PAE.

También fue capturada Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Ltda, empresa con la que la administración de Tavera suscribió un contrato por $35.744 millones.

Pero ahí no finalizó el asunto. La firma que logró el contrato tiene relación con Germán Trujillo Manríque, esposo de la poderosa ex gobernadora del Huila Cielo González, y quien es señalado como el zar del PAE.

Precisamente el pasado 16 de abril, en medio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, Trujillo Manríquez fue condenado por el contrato que tiene contra las cuerdas al exgobernador Tavera, a 36 meses de prisión.

Esto a pesar de que estuvo evadiendo la justicia varios meses, luego obtuvo el beneficio de detención domiciliaria, imputado por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplir los requisitos legales.

El ente acusador demostró que el esposo de la ex gobernadora Gonzalez desvió $290 millones para la adquisición de un inmueble así como gastos que no tenían relación con la ejecución del contrato.

Aunque en su momento la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría anunciaron todo el peso de la ley a aquellos que desviaron a nivel nacional los recursos del PAE, el tiempo ha demostrado lo contrario.

En su momento, la pena en contra de Trujillo Márquez fue calificada como irrisoria. Aunque la defensa del procesado, Dario Bazzani públicamente afirmó que era ajustada a derecho porque aceptó cargos, regresó un poco más de $2.000 millones y firmó un preacuerdo. 

A su vez, semanas después, a comienzos de este año, Tavera recuperó la libertad por un recurso de apelación que interpuso su defensa. El proceso en su contra no se ha movido en la Corte Suprema de Justicia. 

Pero este no es el único cuestionamiento ante la justicia que tiene Tavera. En el año 2014 fue capturado por funcionarios del CTI, señalado de los presuntos delitos de concierto para delinquir y homicidio por la muerte de un hombre a manos de los paramilitares.

Según registros de la justicia, Tavera es hijo de Ernesto Tavera Rodríguez, condenado en 1995 por narcotráfico y cuyos bienes fueron incautados en el año 2010, los cuales ascendían a $50.000 millones. En concreto, su aprehensión si efectuó en mayo de 2014 luego de que dos desmovilizados de las autodefensas lo señalaron como supuesto determinador de un homicidio. Tavera posteriormente quedó en libertad.

En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador de Santander aparece con cuatro procesos relacionados con sus actividades como mandatario regional.  

Otros registros de la Fiscalía en el año 2015, cuando estaba en campaña política para ser elegido en la Gobernación de Santander, la Silla Vacia informó que Tavera tenía tres investigaciones en la Fiscalia. Una por presunta violación de topes electorales y  otra por su presunta vinculación con el Bloque Central Bolívar de las autodefensas.

Una tercera por un presunto nexo con una banda de Aldemar Cárdenas Soto, que atemorizó al sur de Santander, en los municipios de Barbosa, Guepsa y San Benito, que supuestamente usaba una finca de Tavera denominada La Ponderosa.

“Los señores Pinilla, Medardo y Didier nos financiaban, y nos pagaban una bonificación, eso llegaba de parte de Didier Tavera”, declaró Aldemar Cárdenas, el 20 de diciembre de 2011, ante la Fiscalía.

Al respecto, Tavera ha desestimado las denuncias y señala que obedecen a retaliaciones políticas. Por su parte, su abogado, el penalista Iván Cancino, señaló a la Agencia de Periodismo Investigativo frente al proceso del PAE que, “el proceso no tiene ninguna prueba contra Didier y su presunción de inocencia está incólume. En Colombia la mayoría de funcionarios tiene procesos penales y no les pueden impedir trabajar o violar su presunción de inocencia hasta cuando sea derrotada”.

En el entretanto y desde hace unas semanas, el exgobernador empezó a hacer lobby de la mano de altos funcionarios del Estado para reemplazar a Carlos Camargo en la Federación Nacional de Departamentos.

Se trata de un cargo en el que Didier Tavera será representante y vocero de los gobernadores ante el presidente Iván Duque. Además de manejar millonarios recursos que giran gobernaciones, será el encargado de administrar un cuantioso convenio con la multinacional Phillip Morris para el control del contrabando de tabaco en el país. 

Finalmente, Tavera fue elegido como director de la Federación de Departamentos y ahora tendrá que responder de nuevo ante la Fiscalía por sus actuaciones como gobernador de Santander. 

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