Caen 12 integrantes de red delictiva que deforestó más 7.000 hectáreas de bosque

Judicializaron 12 integrantes de una red delictiva que es señalada de deforestar más 7.000 hectáreas de bosque nativo en varios municipios de Cundinamarca y Boyacá, con el fin de obtener madera de especies protegidas y comercializarla.

Dos de los procesados son funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y uno más es contratista de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quienes usaban sus cargos e influencia, y a cambio de dádivas, facilitaban la expedición de permisos para aprovechar el recurso maderable en zonas de reserva forestal o gestionaban salvoconductos que le permitían a la organización mover grandes cantidades de madera y darles apariencia de legalidad.

Los judicializados, presuntamente, compraban o se apropiaban de manera irregular de bosques, talaban árboles y trasladaban la madera a distintos puntos de acopio, donde se coordinaba la venta y distribución. En las labores investigativas se constató que la actividad ilícita afectó áreas protegidas en Tunja, Pesca y Combita (Boyacá); y en Zipaquirá y municipios de la sabana norte y occidente de Bogotá, en Cundinamarca.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó varios delitos a estas 12 personas, tales como: concierto para delinquir, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y cohecho por dar u ofrecer. Nueve de los procesados aceptaron los cargos.

La #Fiscalía logró la judicialización de 12 presuntos integrantes de una red delictiva señalada de deforestar algo más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en varios municipios de #Cundinamarca y #Boyacá, obtener madera de especies protegidas y comercializarla. pic.twitter.com/wfd9WGJekk

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 13, 2022

Entre los investigados figuran Omar Pineda González e Isaías Cita Uribe, quienes los presuntos articuladores principales de las acciones ilícitas, encargados de la financiación y compra de los bosques, la preparación de la madera, el transporte del producto en tractocamiones y el contacto directo con los funcionarios que estarían al servicio de la red.

Otros investigados en el caso son:

• El ingeniero del ICA David Enrique Rodríguez Cifuentes, quien sería el responsable de emitir conceptos técnicos forestales que le permitían a la estructura ilegal explotar determinadas zonas.
• La servidora del ICA Sandra Liliana Páez Triviño, quien habría intervenido y gestionado la adquisición de salvoconductos para soportar la madera movilizada y comercializada
•  El contratista de la CAR Jorge Augusto Cortés Rincón.

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