Cámara aprueba en último debate la reforma a la justicia

En su último debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes 27 de mayo el proyecto de reforma a la justicia penal, con el que se busca transformar el Sistema Penal Oral Acusatorio, disminuir la impunidad, reducir algunas penas y ampliar el uso de mecanismos alternativos como los principios de oportunidad.

Con 96 votos a favor, la iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, recibió el respaldo mayoritario del Congreso. La ponencia estuvo a cargo de la representante Ana Paola García Soto, del Partido de la U.

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“Con presencia del ministro (e) de Justicia, Augusto Ocampo, la fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, se aprobó por mayoría absoluta en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que busca reformar la justicia penal en Colombia”, señaló el ministerio de Justicia.

La propuesta, promovida por las altas cortes e instituciones judiciales, plantea ajustes al sistema penal con el fin de simplificar los procesos, garantizar mayor eficiencia y fortalecer los derechos de las víctimas. Uno de los puntos más destacados del articulado es la posibilidad de rebajar hasta un 25% las penas por delitos como la extorsión, así como un mayor acceso a figuras como los preacuerdos y los principios de oportunidad.

Durante la sesión plenaria, se definieron los ajustes finales al texto, que ahora será remitido a la Casa de Nariño para la sanción del presidente Gustavo Petro, paso necesario para que entre en vigencia.

El proyecto es resultado de una discusión amplia y concertada con diversos sectores del país. Su objetivo es restituir el equilibrio del sistema penal, reducir los tiempos de los procesos judiciales y reactivar la justicia premial, que ha venido perdiendo terreno por las restricciones normativas implementadas en los últimos años.

Según sus promotores, esta reforma retoma el espíritu original del modelo penal adoptado en Colombia desde 2004, el cual priorizaba la terminación anticipada de procesos judiciales mediante herramientas efectivas para mejorar el acceso a la justicia.

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