Capturan a militares por presuntas irregularidades en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación adelantó este martes 16 de diciembre varias capturas contra integrantes de las Fuerzas Militares, señalados de presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. Las detenciones se realizaron en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde hasta el momento se han materializado dos órdenes de captura.

De acuerdo con el ente investigador, las acciones hacen parte de una investigación en curso por posibles anomalías en los procesos de contratación y en la ejecución del mantenimiento de estas aeronaves, clave para operaciones de transporte, apoyo logístico, atención humanitaria y evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso del país. La Fiscalía no ha revelado aún las identidades de los capturados ni ha confirmado si se emitirán nuevas órdenes en las próximas horas.

El Ejército Nacional confirmó que entre los detenidos se encuentra un oficial con grado de coronel, adscrito al arma de Aviación. En un comunicado, la institución señaló que brindó acompañamiento a la Fiscalía durante el procedimiento, en cumplimiento de los principios de colaboración armónica y transparencia institucional.

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Según la información entregada por la Fuerza, al oficial se le investiga por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. De manera paralela al proceso penal, la autoridad militar anunció la apertura inmediata de una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos desde el ámbito interno.

El caso se relaciona con antecedentes del contrato de mantenimiento de la flota MI-17, el cual ya había sido objeto de sanciones administrativas. El Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento parcial del acuerdo con la empresa Vertol Systems Company, tras detectar retrasos y fallas técnicas en la ejecución. Como consecuencia, impuso una sanción cercana a los 9 millones de dólares y ordenó la devolución de más de 13,5 millones de dólares correspondientes a parte del anticipo entregado.

Ese contrato contemplaba un anticipo equivalente al 50 % de su valor total, con el objetivo de garantizar la operatividad de las aeronaves. Sin embargo, los incumplimientos llevaron a la cartera de Defensa a activar pólizas de garantía y a reforzar los controles sobre la contratación en el sector.

Las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas para determinar responsabilidades y establecer el alcance de las presuntas irregularidades, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la defensa nacional.

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