Caso Centros Poblados: Emilio Tapia acepta culpa en el escándalo

El empresario Emilio Tapia, pieza clave en el entramado de corrupción de Centros Poblados, aceptó los cargos en su contra tras acordar un principio de oportunidad con la Fiscalía. El caso, que involucró el desvío de $70.000 millones destinados a llevar internet a zonas apartadas del país, ha generado indignación a nivel nacional.

Como parte del acuerdo, Tapia se comprometió a devolver $5.000 millones, de los cuales ya ha entregado $2.500 millones. Además, actuará como testigo contra otros implicados, incluyendo a Luis Fernando Duque, Ottomar Lascarro y Juan José Laverde, quienes también enfrentan procesos judiciales por su participación en el esquema corrupto.

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Tapia, actualmente detenido en Barranquilla y conocido por su papel en el "carrusel de la contratación" de Bogotá, también deberá ofrecer disculpas públicas a la sociedad por el daño causado. Según la investigación, tramitó irregularmente las pólizas de seguro que facilitaron el anticipo de los $70.000 millones de un contrato por $1 billón, recursos que nunca llegaron a su destino.

Mientras tanto, la Procuraduría archivó el proceso disciplinario contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, quien enfrentó acusaciones por su presunta responsabilidad en la adjudicación del contrato. Según el organismo, no se encontraron pruebas suficientes para demostrar que Abudinen hubiera cometido una falta disciplinaria.

Esta decisión ha generado controversia, pues la Procuraduría argumentó que el proceso se puede cerrar cuando se comprueba que el hecho no existió o no hay evidencia que acredite responsabilidad. Sin embargo, el caso continúa siendo un tema de amplio debate, dado el impacto del fraude en la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas.

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