Colombia registra un homicidio cada 39 minutos: cifra más alta desde 2014

Un reciente estudio realizado por el Observatorio de Seguridad de la Universidad Externado de Colombia ha revelado un incremento sostenido en los homicidios registrados durante el actual periodo presidencial, superando los reportes oficiales presentados por administraciones anteriores y contradiciendo el discurso gubernamental que plantea una disminución de la violencia como uno de sus principales logros en materia de seguridad.

Entre agosto de 2022 y agosto de 2025 se contabilizaron más de 40.000 homicidios en el país, lo que representa un aumento respecto a los 37.795 casos registrados durante el gobierno anterior, presidido por Iván Duque Márquez, y también frente a los aproximadamente 36.000 reportados durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos.

La media nacional de este trienio indica que en Colombia ocurre un homicidio cada 39 minutos, una frecuencia que no se registraba desde el año 2014, cuando las tasas de violencia letal alcanzaban cifras similares en contextos marcados por confrontaciones armadas más abiertas.

En particular, el año comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2025 arrojó un total de 13.817 homicidios, consolidando el periodo como el más violento en los últimos once años en cuanto a asesinatos se refiere.

Esta tendencia se presenta a pesar de la implementación de la política pública denominada "Paz Total", promovida desde el Ejecutivo como una estrategia integral para reducir los niveles de confrontación armada, desarticular estructuras criminales y restablecer la presencia institucional en territorios priorizados.

No obstante, los datos del estudio indican que en lugar de una reducción, se ha evidenciado una expansión de los factores de riesgo y un fortalecimiento de actores violentos en distintas regiones.

El informe, que también contó con aportes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), resalta el deterioro particular de la seguridad en la región Caribe colombiana, donde se han intensificado las confrontaciones entre el Clan del Golfo, facciones disidentes de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), agrupaciones del crimen urbano organizado y redes internacionales vinculadas a economías ilegales.

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Esta multiplicidad de actores armados ha contribuido a una fragmentación del mapa criminal, lo que ha derivado en la proliferación de microestructuras violentas que dificultan la labor de inteligencia, judicialización y contención estatal.

Estas organizaciones, además, cuentan con recursos financieros y logísticos que les permiten operar de manera más sofisticada y evasiva.

Uno de los casos más críticos es el del municipio de Tibú, en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander. En ese territorio fronterizo, los homicidios pasaron de 29 a 129 en un año, lo que representa un incremento que sitúa la tasa de homicidios en 187,5 por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas del país.

Las disputas entre organizaciones armadas, sumadas a la presencia de rutas del narcotráfico y cultivos ilícitos, han hecho de este municipio uno de los principales focos de preocupación en el seguimiento de la violencia homicida en Colombia.

En el caso de Bogotá, se registró un aumento de 229 homicidios en comparación con el trienio anterior, lo que equivale a una variación del 7,1 %. Solo en el año 2024, el incremento fue del 14,8 %, según el mismo informe.

Aunque la capital presenta cifras por debajo del promedio nacional en términos relativos, el crecimiento sostenido de estos indicadores ha encendido alarmas sobre la evolución de los patrones delictivos y los desafíos en materia de seguridad urbana.

De forma complementaria, el deterioro del contexto de seguridad ha sido advertido también desde indicadores internacionales relacionados con delitos financieros.

El más reciente Índice Antilavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés), elaborado por el Instituto de Gobernanza de Basilea, ubicó a Colombia en el puesto 99 entre 177 jurisdicciones evaluadas, con un puntaje de 5,05.

Aunque esta puntuación clasifica al país dentro de un nivel de riesgo medio, el informe destaca que se ha mantenido una tendencia ascendente en los últimos cinco años, lo que sugiere una capacidad insuficiente del Estado para ejercer control efectivo sobre las economías ilegales y prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos.

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