Conozca los cambios que tendrían Procuraduría y Contraloría con el Acto Legislativo propuesto por el Gobierno

La administración del presidente Gustavo Petro ha presentado un exhaustivo proyecto de acto legislativo que propone cambios sustanciales en las funciones y competencias de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Este proyecto, programado para presentarse oficialmente al Congreso en marzo de 2024, ha generado revuelo y debate en el ámbito político y judicial del país.

La propuesta viene después de la reciente decisión de la Corte Constitucional (Sentencia C-030), que respaldó la autoridad del organismo de control para sancionar a funcionarios electos por voto popular, un control que, hasta ahora, recaía en el Consejo de Estado. 

Aunque inicialmente se percibió que esta decisión alineaba a Colombia con estándares internacionales, el fallo de la Corte IDH en el caso "Gustavo Petro vs. Colombia" sugiere lo contrario. El presidente Petro, en su nuevo proyecto de 49 páginas, argumenta que es necesario alinear de manera completa las funciones de los entes de control con la determinación de la Corte IDH.

Aspectos clave del proyecto

Reformas a la Procuraduría y Contraloría: El proyecto plantea que ni la Procuraduría ni la Contraloría mantendrán funciones jurisdiccionales. Además, se propone que estos organismos no puedan limitar los derechos políticos de los ciudadanos para ser elegidos o ejercer cargos de elección popular. En términos prácticos, perderían la facultad de sancionar a funcionarios electos.

Facultades Temporales para el Presidente: El presidente Petro recibiría autoridad especial por un periodo de seis meses para promulgar decretos con fuerza de ley que se ajusten a esta nueva reforma legislativa. Además, el presidente tendría la potestad de determinar bajo qué criterios la Procuraduría actuaría.

Reubicación de Funcionarios de la Procuraduría: El proyecto sugiere trasladar o reubicar a procuradores judiciales y otros miembros de la Procuraduría a la Rama Judicial. Estos procuradores servirían en roles de jueces, fiscales y magistrados.

No Afectación Retroactiva: De ser aprobada, la propuesta no tendría efectos retroactivos. Esto significa que las sanciones previamente impuestas por la Procuraduría y la Contraloría no se verían afectadas.

Opinión del Gobierno

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ofreció detalles sobre el motivo detrás de la propuesta. Según Osuna, el principal objetivo es cumplir con las normas internacionales y garantizar que sólo un juez pueda sancionar a funcionarios electos. Resaltó que el respeto por la democracia es esencial y que ningún funcionario administrativo debería tener la capacidad de destituir a alguien que ha sido electo democráticamente.

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