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Consejo de Estado admite tutela contra el presidente Petro, la fiscal general y el director de la UNP

Les exigen garantizar la vida e integridad de las víctimas amenazadas por los actuales gestores de paz, entre esos, alias 'Calarca'.

Consejo de Estado
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 06/08/2024 - 14:20 Créditos: IFM

El Consejo de Estado aceptó para su estudio una tutela que exige al presidente de la República, Gustavo Petro; a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, garantizar la vida e integridad de las víctimas amenazadas por los actuales gestores de paz.

El accionante, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), a través de su representante legal, Sebastián Velázquez Vélez, presentó la tutela debido a las amenazas proferidas por miembros de la organización 'estado mayor central' de las Farc, específicamente por alias 'Calarcá'.

Asimismo, expresan su descontento con la implementación de esquemas de seguridad en favor de los miembros de dicha organización, así como con las medidas de cese al fuego y la suspensión de órdenes de captura contra los integrantes de los grupos armados.

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Según las víctimas, la UNP, responsable de su seguridad, informó al representante legal Sebastián Velázquez sobre el retiro del vehículo blindado que hacía parte de su esquema de protección. Mientras tanto, los gestores de paz están recibiendo garantías de seguridad, a pesar de que, según la tutela, continúan delinquiendo.

La sección primera del Consejo de Estado aceptó estudiar la tutela; sin embargo, negó las medidas cautelares que solicitaban la suspensión inmediata de las resoluciones que autorizaban los esquemas de protección para los mencionados gestores de paz, quienes presuntamente siguen involucrados en actividades delictivas.

En sus pretensiones, también solicita que se ordene a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP, "suspender toda provisión de medios como camionetas, armas, chalecos y personal de seguridad y protección para los miembros del 'estado mayor central de las Farc".

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