Consejo de Estado ordena a Petro rectificar señalamientos contra el dueño de Sanitas

El Consejo de Estado falló a favor de Joseba Grajales, propietario de la EPS Sanitas, y ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar públicamente las declaraciones que realizó en una alocución presidencial, al considerar que vulneraron derechos fundamentales como el buen nombre y la presunción de inocencia.

La decisión se produjo tras una acción de tutela interpuesta por Grajales, quien alegó que las afirmaciones del mandatario, transmitidas por televisión nacional, lo señalaron directamente de cometer delitos relacionados con el manejo de recursos de la EPS, sin que existiera una decisión judicial que respaldara dichas acusaciones. El alto tribunal concluyó que el jefe de Estado incurrió en una afectación indebida de derechos fundamentales al atribuir responsabilidades penales de manera pública.

Según el análisis del Consejo de Estado, aunque el presidente tiene la facultad de cuestionar políticas públicas y expresar críticas sobre el funcionamiento del sistema de salud, esas manifestaciones no pueden convertirse en imputaciones penales directas contra personas naturales o jurídicas. Para la corporación, las expresiones utilizadas en la intervención oficial excedieron los límites del debate político y configuraron una vulneración de derechos constitucionales.

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La controversia se originó el 25 de julio de 2025, cuando el presidente Petro se refirió a la situación financiera de Sanitas durante una alocución presidencial. En ese espacio, habló de un “robo inmenso” en la EPS y afirmó que los recursos entregados por el Estado habrían sido apropiados de manera indebida, llegando incluso a calificar esos hechos como crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, hizo señalamientos directos contra el propietario del Grupo Keralty, conglomerado al que pertenece Sanitas, al calificarlo como “criminal” y sugerir que debía abandonar el país.

Para el Consejo de Estado, este tipo de afirmaciones, emitidas desde la investidura presidencial y en un escenario de amplia difusión, implican una condena pública sin fallo judicial previo, lo cual resulta incompatible con los principios constitucionales. Por esa razón, el tribunal modificó la decisión de primera instancia y amparó los derechos de Grajales.

En su fallo, la alta corte ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar sus declaraciones en condiciones de equivalente difusión, es decir, a través de un medio y con un alcance similar al de la intervención original. La rectificación deberá respetar el buen nombre y la presunción de inocencia del empresario.

La decisión ha sido interpretada como un precedente relevante sobre los límites del discurso oficial y la responsabilidad de los altos funcionarios al referirse a particulares. El fallo se produce, además, en medio de un clima de tensión entre el Gobierno y actores del sistema de salud, marcado por las intervenciones a varias EPS y por el debate alrededor de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

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