Contraloría detecta millonarios daños fiscales en proyectos de agua potable y saneamiento básico

La Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, identificó múltiples hallazgos que evidencian graves deficiencias en la gestión e inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) – Agua Potable y Saneamiento Básico. Estas irregularidades han afectado significativamente los proyectos financiados con dichos fondos en varias regiones del país.

Como parte de los procesos de auditoría y atención de denuncias ciudadanas entre 2020 y 2024, se configuraron 13 hallazgos fiscales y seis hallazgos con presunta incidencia penal, todos relacionados con la mala administración de recursos del SGP. 

Lea también (Corte Constitucional alerta sobre aumento de violencia contra firmantes de paz en 2025)

Los hallazgos fiscales sumaron $33.614 millones, siendo particularmente grave el caso del departamento de Bolívar, donde fallas en los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka y Soplaviento representaron un detrimento patrimonial de $2.775 millones.

Asimismo, las auditorías realizadas en 2022, 2023 y 2024 revelaron 109 hallazgos fiscales adicionales, por un monto total de $60.965 millones. Entre los casos más relevantes se encuentran los de San Andrés Islas y Tibú, Norte de Santander, donde se descubrieron serias deficiencias en la supervisión y control del cobro y asignación de subsidios, generando un daño patrimonial superior a los $14.000 millones. En el marco de estas auditorías también se identificaron 19 hallazgos con presunta incidencia penal.

Entre las principales causas de estas irregularidades sobresale la falta de planeación y estructuración adecuada de los proyectos. La Contraloría detectó la ausencia o insuficiencia de estudios técnicos previos, falta de soporte en la formulación de proyectos, demoras en la obtención de permisos ambientales y una desconexión evidente entre los estudios contratados y las necesidades reales de las comunidades beneficiarias. 

Esta situación afectó de manera directa la calidad y el funcionamiento de las obras, agravada además por el incumplimiento de obligaciones contractuales y la falta de manuales de operación.

Le recomendamos leer (Gobierno asigna $2.3 billones para proyectos en municipios PDET)

De igual forma, en la ejecución y supervisión de los proyectos se evidenció una omisión sistemática en la verificación del cumplimiento de los contratos. En muchos casos, las obras no cumplían con las especificaciones técnicas acordadas o resultaban totalmente inoperativas. A esto se sumaron atrasos significativos en la ejecución, tanto en los plazos legales como contractuales, y una débil supervisión de los tiempos de entrega.

Por otro lado, las deficiencias en la gestión administrativa y financiera también generaron daños patrimoniales y posibles conductas de carácter penal. Entre las irregularidades más relevantes se encontró el uso indebido de los recursos del SGP en actividades no autorizadas por la Ley 1176 de 2007. Estos recursos se destinaron, por ejemplo, a la compra de gasolina corriente y ACPM para vehículos y maquinaria, adquisición de insumos de ferretería y mejoramiento de vías urbanas, gastos que no son elegibles con dichos fondos.

De manera alarmante, en 2024 se ejecutaron $103.932 millones del componente de agua potable y saneamiento básico en actividades no elegibles. Los municipios con mayor participación en estos gastos irregulares fueron Uribia, Montería, Puerto Escondido, Sabaneta y Arboletes.

Además, se identificaron errores en los procesos de facturación, liquidación y asignación de subsidios, provocados por bases de datos desactualizadas y procesos de estratificación socioeconómica inconsistentes. Estas fallas generaron pagos indebidos, afectando la eficiencia del gasto público. Este patrón fue reiterativo en municipios como Tibú, Los Patios y El Zulia (Norte de Santander), Granada (Meta), Yopal (Casanare), Popayán (Cauca) y Palmira (Valle del Cauca), entre otros, donde se registraron subsidios que superaban los límites establecidos por la normativa y una falta de supervisión efectiva.

La Contraloría también advirtió un incremento en los costos operativos y la ausencia de mantenimiento preventivo en los sistemas de acueducto y alcantarillado. Esta situación compromete seriamente la sostenibilidad de las obras y limita su capacidad para cumplir con los estándares de calidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

En conjunto, los hallazgos reflejan profundas debilidades estructurales en los procesos de planificación, formulación y ejecución de proyectos, así como en los mecanismos de control interno, interventoría y supervisión. La falta de buenas prácticas administrativas y el uso inadecuado de los recursos públicos afectan de manera directa la prestación eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico, así como la correcta asignación de subsidios.

Otras noticias