Corrupción: en cinco casos regionales inician extinción de dominio a 46 bienes por robo de recursos públicos

La Fiscalía en varias diligencias ocupó bienes que pertenecerían a personas investigadas por presuntamente participar o auspiciar actividades ilícitas para apropiarse de recursos del Estado.

Estos procedimientos fueron ejecutados por investigadores del CTI en ocho departamentos del país. Los bienes fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. Las 
propiedades afectadas son:

• 16 inmuebles rurales y urbanos ubicados en Popayán (Cauca), Cali (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Bogotá. Los activos, avaluados en 2.580 millones de pesos, harían parte del patrimonio de Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, exgerente de una reconocida Empresa Promotora de Salud (EPS). Este hombre se habría apropiado de recursos de la salud para realizar inversiones dentro y fuera de Colombia, durante 2008 y 2012.

• 9 inmuebles urbanos y 9 vehículos, que superan en valor los 2.200 millones de pesos. Los bienes, localizados en Cartagena (Bolívar), estarían a nombre de los hermanos Fabio y Sergio Cabarcas Pardo, y otras personas señaladas de articularse con abogados y un juez de la República para obtener el presunto reconocimiento irregular de pensiones millonarias en detrimento del liquidado Instituto de Seguro Social (ISS).

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• 6 inmuebles urbanos y 1 rural ubicados en Bogotá avaluados preliminarmente en cerca de 1.000 millones de pesos. Los predios habrían sido adquiridos con dineros que debían destinarse a la atención de la población indígena de Cumaribo (Vichada), y presuntamente fueron desviados irregularmente entre 2014 y 2015.

• 5 predios urbanos localizados en Pereira (Risaralda) y Caicedonia (Valle del Cauca). Los bienes, que superan en valor los 1.000 millones de pesos, pertenecerían al abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, quien fue condenado por elaborar documentos falsos utilizados para respaldar solicitudes de pensiones de invalidez ante Colpensiones.

• 1 inmueble en Valledupar (Cesar), cuyo costo alcanza los 300 millones de pesos. El bien estaría a nombre del exalcalde de Valledupar, César Augusto González Armenta, posible responsable de las irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios para fortalecer la orientación vocacional profesional de estudiantes de grado 11.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con fines de extinción del derecho de dominio.

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