Corte Constitucional tumba contratación directa de vías regionales

La Sala Plena de la Corte Constitucional anuló dos disposiciones clave del Decreto 1961 de 2023, expedido por el presidente Gustavo Petro y su exministro de Transporte, William Camargo, para la creación y regulación del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), entidad destinada a la construcción de infraestructura vial terciaria.

El Alto Tribunal derogó el primer parágrafo del artículo 35 del decreto, que facultaba al Invir a celebrar contratos de manera directa y sin límite de cuantía con diversos actores sociales, tales como comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, grupos de economía popular, organismos de acción comunal, colectivos sociales y comunitarios, así como con comunidades étnicas, grupos de mujeres y víctimas, entre otros. 

La Corte consideró que esta disposición otorgaba al instituto un poder excesivo para definir los términos de la contratación sin la debida supervisión.

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Además, bajo la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Corte también eliminó una expresión incluida en el artículo 1 y otra en el artículo 9.5 del decreto, por considerar que ambas excedían el marco de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al presidente Petro en el Plan Nacional de Desarrollo para la creación de este organismo.

"Si bien el presidente de la República tenía un margen razonable de apreciación respecto del contenido de los términos empleados en la norma habilitante para la definición del régimen jurídico del Invir y, en concreto, de su régimen contractual, su valoración debía coincidir con la teleología de la delegación legislativa", explicó el Alto Tribunal.

Al respecto de las disposiciones del Corte Constitucional, el presidente manifestó que, "Contratar con la comunidad los dineros públicos no solo es el emporedamiento de la comunidad en el camino de la democracia participativa que ordena la constitución, sino que hace ganar en transparencia la contratación y libera al país de odiosos carteles que monopolizan como renta el dinero público y degradan por completo el estado y la política".

La decisión de la Corte obliga al Invir a modificar sus procedimientos de contratación, alineándose con el régimen general de la administración pública y garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad en la ejecución de proyectos de infraestructura vial en el país.

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