Crisis Group y Fedegan evidencian que grupos armados hacen obras y controlan presupuestos en Colombia

En Colombia, la situación de seguridad preocupa en medio de los procesos de paz que lleva adelante el gobierno de Gustavo Petro con diferentes grupos armados. José Félix Lafaurie Rivera, miembro del equipo negociador del gobierno en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y presidente de Fedegán, presentó información del International Crisis Group (ICG) que muestra la operación de grupos armados en distintas regiones del país.

Según una columna de opinión que Lafaurie escribió para Contexto Ganadero, y que se basa en una descripción detallada por parte de la ICG en un encuentro apoyado por la embajada de Irlanda, cerca del 15% de los colombianos viven bajo el dominio de organizaciones criminales, sin presencia efectiva del Estado. 

En estas áreas, los grupos armados emplean dos métodos principales para consolidar su control: atraer a la población y ejercer violencia. 

Comienzan con actos que pueden parecer benéficos, como distribuir regalos a niños, entregar alimentos a los más necesitados, financiar obras públicas con dinero de origen dudoso y crear empleos a través de empresas no legales, llegando incluso a tomar roles en la administración de justicia.

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Hay registros de tales actividades: en enero de 2024, disidentes de las Farc repartieron material escolar en El Dorado, Huila; en febrero, entregaron kits escolares en Nariño con imágenes de antiguos comandantes guerrilleros; y en marzo, hicieron lo propio en Norte de Santander, incluso filmando a una niña agradeciendo los útiles escolares. 

En junio de 2023, tanto disidencias de las Farc como el ELN inauguraron un puente y una carretera en Norte de Santander, demostrando su capacidad para influir en la comunidad local.

Sin embargo, estas acciones suelen ser temporales y dan paso a una táctica de intimidación y miedo, especialmente contra grupos como las Juntas de Acción Comunal (JAC) y comunidades étnicas, que por su ubicación geográfica y control de recursos minerales y rutas de transporte, son estratégicas para estos grupos. Estas comunidades, además, son vulnerables debido a su influencia en la contratación local.

A pesar de que estas comunidades gozan de protección gubernamental y beneficios económicos significativos, la realidad es que algunas JAC están bajo el control de estos grupos armados. 

Esto complica la administración efectiva de los recursos que el gobierno de Petro les ha asignado. En un año y medio, el gobierno otorgó a 20 organizaciones más de 198 mil millones de pesos en contratos para diversos fines, que se cuestiona cómo serán utilizados y controlados.

Lafaurie plantea dudas sobre el control fiscal y la asignación de estos fondos en zonas dominadas por grupos armados, en especial con las nuevas políticas de autogobierno reforzadas por un decreto del Departamento Nacional de Planeación.

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