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Desarticulada banda que extorsionaba a transportadores informales en el norte de Bogotá
Cuatro individuos, entre ellos dos ciudadanos venezolanos, fueron capturados y sentenciados por extorsionar a conductores informales en el barrio El Codito, localidad de Usaquén.
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En un importante golpe contra la delincuencia en Bogotá, las autoridades lograron desmantelar una banda criminal dedicada a la extorsión de transportadores informales en el barrio El Codito, en la localidad de Usaquén.
Cuatro delincuentes fueron sentenciados por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, después de que la Fiscalía Seccional de Bogotá reuniera pruebas contundentes sobre su accionar delictivo.
Los implicados en esta red criminal fueron identificados como Luis Vargas, Manuel Enrique Cruz, Krellyn Ramos Rojas y Julio César Peña, estos dos últimos ciudadanos venezolanos. La investigación evidenció que la banda exigía diariamente la suma de 6.000 pesos a cada conductor informal para permitirles trabajar en la ruta entre El Codito y el sector Romi, ubicado en la calle 187 con Autopista Norte. Mensualmente, los transportadores debían pagar un total de 180.000 pesos para evitar represalias.
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Según la Fiscalía, aquellos que se negaban a pagar las extorsiones eran víctimas de amenazas, agresiones físicas y daños en sus vehículos. La presión constante de estos criminales afectó gravemente la seguridad y el derecho al trabajo de los transportadores informales en esta zona de la ciudad.
Tras la captura de los cuatro delincuentes, un juez determinó enviarlos a prisión y les impuso una multa de 11.325 salarios mínimos legales vigentes. Además, los dos ciudadanos extranjeros, Krellyn Ramos Rojas y Julio César Peña, serán expulsados del país una vez cumplan con su condena.
Este golpe a la criminalidad representa un avance en la lucha contra la extorsión y la inseguridad en Bogotá, permitiendo a los transportadores informales recuperar su tranquilidad y ejercer su labor sin temor a represalias. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier acto de extorsión y contribuir a erradicar estas prácticas ilegales que afectan el bienestar de la ciudadanía.
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