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Entes de control alertan sobre serios rezagos en la implementación de Ley de Víctimas
Pormenores del informe de monitoreo y seguimiento a la Política Pública de Víctimas.
![Cabello informe víctimas](/sites/default/files/styles/imagen_principal_contenidos_2021/public/2024-08/Cabello%20informe%20v%C3%ADctimas.jpg.webp?itok=9blcsmpa)
En el Undécimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas señalaron que el modelo de reparación colectiva sigue enfrentando serios problemas en la implementación de la ruta de atención y el cumplimiento de los planes integrales establecidos para la reparación de las víctimas.
El informe indica que los recursos asignados a la Política Pública de Víctimas son insuficientes para cubrir adecuadamente la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 víctimas registradas. Las áreas más afectadas incluyen la generación de ingresos, el acceso a tierras, la vivienda, la salud y la educación.
Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, se han indemnizado a 1.368.269 víctimas, lo que representa solo el 14% de las 9.409.808 víctimas que están en proceso de indemnización.
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Para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral establecidas en la Ley de Víctimas entre 2024 y 2031, se estima que se necesitarán $303,9 billones constantes de 2024.
Entre los recursos necesarios se destacan: $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnización individual y colectiva, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior.
Además, la Comisión ha hecho un seguimiento a los avances y desafíos en los procesos de diálogo y negociación que el Gobierno adelanta con estructuras armadas ilegales. Estos procesos no han sido uniformes, lo que ha generado impactos humanitarios negativos en los territorios y afectaciones a los derechos de la población civil.
Entre las principales consecuencias se encuentran el endurecimiento de las pautas de control poblacional y territorial sobre las comunidades, así como un aumento en la extorsión, secuestro y reclutamiento forzado.
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