Fiscal condenada, engañó al sistema judicial por 13 años con documentos falsos

Durante más de una década, Claudia Elena Lozano Doria ocupó diversos cargos dentro de la Fiscalía General de la Nación, realizando funciones judiciales de alta responsabilidad. Sin embargo, todo su historial como fiscal estuvo basado en una mentira: nunca fue abogada.

Entre 2000 y 2013, Lozano Doria logró ascender rápidamente dentro de la institución gracias a documentos falsificados. Usando la tarjeta profesional y la hoja de vida de su amiga María Consuelo Mestre, se hizo pasar por abogada, logrando posiciones tan importantes como la dirección seccional de Fiscalías en Riohacha, La Guajira.

Su tiempo en la Fiscalía estuvo marcado por actuaciones judiciales cuestionables, que incluyeron la solicitud de órdenes de captura, la apertura y cierre de investigaciones, y la toma de decisiones que afectaron la vida de muchas personas. Fue en 2013, cuando intentó ingresar a la Judicatura en Valledupar utilizando los mismos documentos falsos, que se descubrió su fraude. Al verificar sus datos, las autoridades se dieron cuenta de que no estaba registrada como abogada en el sistema nacional.

La Fiscalía la acusó de fraude procesal y falsedad en documento privado. Pese a intentar firmar un preacuerdo para reducir su condena, Lozano Doria fue sentenciada a 12 años y nueve meses de prisión. La declaración de su amiga y testigo clave, María Consuelo Mestre, fue determinante para su condena.

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“La acusada propendió desde el momento en que anexó a su hoja de vida, un título, acta de grado y tarjeta profesional de abogada falsos, en escalar a nivel laboral en la Fiscalía General de la Nación, aprovechando su vinculación con anterioridad como técnico judicial, para evadir un nuevo esquema de seguridad”, señaló la Fiscalía en su acusación.

Este caso ha puesto en evidencia serias fallas en los procedimientos de verificación dentro de la Fiscalía, donde se confió en la buena fe al recibir documentos de aspirantes. A pesar de los intentos de la defensa por trasladar la responsabilidad a los funcionarios que no detectaron el fraude, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia.

La situación se complica aún más con denuncias adicionales que señalan a Lozano Doria por recibir $350 millones para devolver un cargamento de drogas incautado por el DAS en Montería. Además, uno de los casos más sonados que lideró, la acusación contra el exdirector del DAS en La Guajira, se desmoronó en 2010 por falta de evidencia, lo que llevó a la absolución del acusado tras pasar tres años en prisión.

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