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Fiscalía se desmarca del Gobierno de la investigación por atentado a Miguel Uribe
El ente acusador descartó presencia de la UNP, la DNI y una comisión internacional en el caso.

La Fiscalía General de la Nación decidió limitar toda coordinación sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay a reuniones internas dentro de sus instalaciones, excluyendo expresamente la participación de entidades del Gobierno como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta medida se toma luego de que el presidente Gustavo Petro los incluyera en un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la Policía Metropolitana de Bogotá para hacer seguimiento al caso.
Según la Fiscalía, el atentado ocurrido el pasado 7 de junio es investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional bajo supervisión directa del nivel central, y su carácter reservado impide la participación de actores ajenos. La entidad advirtió que la presencia de funcionarios del Ejecutivo desnaturaliza el objetivo del PMU, por lo que toda actividad relacionada deberá realizarse únicamente en espacios definidos por el ente acusador.
Asimismo, el organismo descartó la necesidad de una comisión internacional como la que propuso el presidente Petro para investigar este y otros crímenes contra líderes políticos y sociales. La fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó que la Fiscalía cuenta con la legitimidad, capacidades operativas y avances suficientes, y que en apenas cinco días se ha recolectado evidencia relevante para el caso.
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En su pronunciamiento, la Fiscalía también rechazó las filtraciones de pruebas y las hipótesis sin sustento que, a su juicio, obstaculizan el proceso judicial. Aclaró que el audio mencionado por Petro en un evento público en Cali corresponde a una grabación entre particulares y que su contenido forma parte de una indagación reservada.
Finalmente, la entidad reiteró su autonomía institucional e hizo un llamado a la ciudadanía y demás actores a colaborar con información útil para el esclarecimiento del atentado. Esta postura marca un distanciamiento con el Gobierno nacional, que ha insistido en la vigilancia internacional del proceso.
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