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Funcionario de Medicina Legal en Cúcuta enviado a prisión por cobrar a familias por entregar cadáveres

Prisión preventiva para asistente forense del Instituto acusado de corrupción.

Seccional Medicina Legal Norte de Santander
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 13/09/2025 - 11:59 Créditos: Seccional Medicina Legal Norte de Santander. Crédito: sindemedilegal.org

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jefferson Vladimir Merchán Cote, asistente forense adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la ciudad de Cúcuta.

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara elementos de prueba que lo vinculan con cobros irregulares a familiares de fallecidos para la entrega de cuerpos y la realización de trámites médico-legales.

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría exigido dinero en al menos quince oportunidades. Las sumas oscilaban entre 20.000 y 100.000 pesos, y el propósito era agilizar los procedimientos internos del instituto, además de brindar información sobre cadáveres en custodia.

En uno de los episodios registrados, ocurrido el 1 de marzo de 2025, Merchán Cote presuntamente solicitó a un familiar un pago de 50.000 pesos para proporcionar datos relacionados con un cuerpo en proceso de identificación.

Las pesquisas indican que el mecanismo utilizado se apoyaba en intermediarios vinculados a funerarias, quienes habrían contactado a las familias y gestionado las solicitudes de dinero.

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Posteriormente, los pagos eran consignados directamente a una cuenta digital asociada al número de teléfono del asistente forense, lo que permitió a los investigadores rastrear la ruta del dinero.

La Fiscalía sostuvo que cuando los familiares se negaban a entregar el dinero exigido, el funcionario retrasaba o entorpecía las diligencias, prolongando el tiempo de espera y agravando el duelo de las familias.

Durante las audiencias preliminares, el ente acusador le imputó a Merchán Cote los delitos de concusión y cohecho impropio.

El procesado no aceptó los cargos, pero el despacho judicial consideró que existían razones suficientes para ordenar su privación de la libertad con el fin de evitar posibles maniobras de obstrucción a la justicia o la reiteración de la conducta.

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