Investigan 104 cuentas de redes sociales por difundir versiones falsas sobre el magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre más de un centenar de publicaciones en redes sociales que habrían difundido versiones falsas sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá.

Según informó el ente acusador, entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2025 circularon al menos 104 mensajes en distintas plataformas digitales, varios de ellos con afirmaciones calificadas como calumniosas por el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay.

Algunos de los mensajes sugerían que el ataque habría sido un montaje, comparándolo incluso con el atentado contra Donald Trump. “Lo de #MiguelUribe fue igual o mejor montado y actuado que el atentado a Trump”, dice uno de los trinos incluidos en el expediente conocido por El Tiempo. Otro mensaje aseguraba: “Todo esto del autoatentado a @MiguelUribeT es un cochino montaje de la corrupta derecha colombiana”.

La Fiscalía ya identificó las direcciones IP de los usuarios involucrados y evalúa si las publicaciones formaron parte de una estrategia coordinada para entorpecer la investigación judicial. De acuerdo con Mosquera, varias de las cuentas —aparentemente manejadas desde “bodegas digitales”— compartieron contenido con imágenes, videos y supuestas pruebas del atentado, lo que, según él, evidencia una posible campaña de desinformación.

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El caso se desarrolla mientras la investigación penal por el magnicidio avanza. La Fiscalía radicó recientemente el escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, de 19 años, señalada de haber transportado la pistola con la que fue atacado Uribe Turbay.

De acuerdo con el expediente, Martínez habría recogido el arma en la localidad de Suba y la entregó a otro implicado, alias Pichi, quien se la facilitó al adolescente que finalmente disparó. La joven enfrenta cargos por homicidio agravado, tráfico de armas y concierto para delinquir.

Las autoridades continúan verificando si el flujo de desinformación en redes guarda relación con los grupos involucrados en el crimen o con campañas políticas interesadas en distorsionar el proceso judicial.

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