JEP inicia juicio contra coronel (r) David Guzmán por desapariciones forzadas

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaló y dio inicio al Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, luego de que el compareciente de la fuerza pública decidiera no aceptar responsabilidad por crímenes ocurridos en los municipios de Dabeiba e Ituango, en el departamento de Antioquia.

Esta ruta procesal se activó tras la acusación presentada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que le atribuye al oficial en retiro responsabilidad por 10 hechos en los que fueron asesinadas 17 personas, además de un intento de homicidio, cuando se desempeñó como comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79.

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De acuerdo con la UIA, la evidencia recabada permite sostener que Guzmán Ramírez habría actuado como coautor y coautor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes. Estas conductas, según la acusación, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los hechos investigados habrían ocurrido entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, periodo en el que el entonces alto oficial integró esta unidad adscrita a la I División del Ejército Nacional.

Durante la audiencia de instalación del juicio, la Unidad de Investigación y Acusación y la defensa del coronel en retiro presentarán sus alegatos iniciales, en los que expondrán sus respectivas teorías del caso frente a los hechos y cargos que serán objeto de debate. En esta etapa, la UIA buscará demostrar la responsabilidad del compareciente, mientras que la defensa argumentará su presunta no participación en los hechos. Una vez surtida esta diligencia, comenzará la práctica de los testimonios.

El proceso había tenido retrasos luego de que, en la audiencia preparatoria realizada el 10 de julio de 2025, la Sección decretara la práctica de un amplio acervo probatorio para el desarrollo del juicio. Este incluye la declaración de 94 testigos —68 solicitados por la UIA, 16 por la defensa y 10 por las víctimas—, así como la incorporación de pruebas periciales especializadas. 

El inicio del juicio se había aplazado en múltiples ocasiones, principalmente por solicitudes de la defensa relacionadas con cambios de apoderado, requerimientos de tiempo adicional para la preparación del caso y la existencia de audiencias previamente programadas en otras jurisdicciones.

En el desarrollo del juicio se escucharán testimonios de exintegrantes de la fuerza pública, de una víctima sobreviviente y de familiares de las personas asesinadas. Por su parte, la defensa presentará testimonios y peritajes en áreas como operaciones militares, inteligencia y topografía, con el fin de sustentar su tesis de no responsabilidad. También se incorporarán dictámenes forenses, análisis de reconstrucción tridimensional de escenas, estudios balísticos de trayectoria y expedientes de la justicia ordinaria, que harán parte del proceso bajo el régimen especial de permanencia de la prueba.

Según el patrón macrocriminal planteado en la acusación, la UIA sostiene que durante la comandancia de Guzmán Ramírez en el Batallón de Contraguerrillas No. 79 se estructuró y ejecutó un plan criminal orientado a obtener resultados operacionales ilegítimos. De acuerdo con esta tesis, las víctimas eran civiles en condición de vulnerabilidad que habrían sido presentados falsamente como bajas en combate, en un contexto institucional que privilegiaba los resultados militares medidos por el número de muertes, sustentado en un sistema de incentivos y recompensas.

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