JEP pide expedientes contra militares por omisiones en masacre de La Gabarra

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Procuraduría General y otras autoridades remitir expedientes disciplinarios y penales contra oficiales del Ejército por posibles omisiones durante la masacre ocurrida el 21 de agosto de 1999 en La Gabarra, corregimiento del municipio de Tibú, Norte de Santander.

La solicitud se enmarca en el avance del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado y terceros civiles en el contexto del conflicto armado en el Magdalena Medio. Según la JEP, el objetivo es esclarecer si altos mandos militares incumplieron su deber de protección frente a la incursión armada de grupos paramilitares en esa región del Catatumbo.

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Entre los requerimientos figuran copias de investigaciones previas, decisiones disciplinarias, y antecedentes procesales de la Fiscalía y la Procuraduría Delegada para el Ministerio de Defensa. La jurisdicción busca establecer responsabilidades en los hechos que derivaron en el asesinato de al menos 35 personas, muchas de ellas seleccionadas previamente en listas.

La masacre fue cometida por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, cortaron la electricidad del corregimiento, irrumpieron en bares y tiendas, y asesinaron a civiles con lista en mano. 

El crimen se dio en el marco de la estrategia paramilitar para tomar control del Catatumbo, liderada por Carlos Castaño y ejecutada por comandantes como Salvatore Mancuso.

Según declaraciones del proceso de Justicia y Paz, desde mayo de 1999 los paramilitares llegaron a la zona en camiones de ganado provenientes de Córdoba y Urabá. Durante esos meses, se registraron asesinatos selectivos y múltiples alertas tempranas por parte de organizaciones como la ONG Minga. 

El 1 de junio, esta entidad advirtió por escrito a la V Brigada del Ejército sobre la amenaza, pero el general Alberto Bravo desestimó la alerta calificándola de "quimera". Incluso, el 19 de agosto, dos días antes de la masacre, el entonces presidente Andrés Pastrana presidió un consejo de seguridad en Cúcuta, en el que también se ignoraron las advertencias.

Ahora, la JEP busca determinar si estas omisiones constituyeron una responsabilidad penal o disciplinaria por parte de los altos mandos militares de la época.

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