La respuesta de la Fiscalía ante la opción de dejar libres a miembros de la primera línea

El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha declarado que la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, está en proceso de emitir una directriz que podría llevar a su liberación. 

Estas manifestaciones, que ocurrieron en oposición a la administración del entonces presidente Iván Duque, resultaron en la detención de numerosos participantes bajo cargos graves.

El ministro Osuna afirmó que la fiscal Camargo se encuentra próxima a pronunciarse oficialmente y a expedir una directriz que recalca que los actos de protesta social no deben ser categorizados como terrorismo ni como concierto para delinquir. 

“Sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir", aseguró el ministro en un comunicado reciente.

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Ante este anuncio, la Fiscalía General de la Nación se pronunció reconociendo la solicitud del Ministerio de Justicia. En su declaración, la Fiscalía confirmó estar al tanto de la petición y señaló que se encuentra en un proceso de análisis detallado de los argumentos presentados por el ministro Osuna. 

Este análisis se está llevando a cabo bajo la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, particularmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Fiscalía subrayó que, a pesar de la propuesta ministerial, aún no se ha adoptado una postura oficial. "Antes de adoptar una postura oficial al respecto, la Fiscalía se encuentra estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", indicó en su comunicado.

Adicionalmente, la Fiscalía dejó claro que la decisión final sobre la liberación de los detenidos no recae únicamente en sus manos. Los jueces penales competentes serán los encargados de emitir las resoluciones pertinentes en cada caso específico. Además, la Sala de Casación Penal podrá intervenir y emitir fallos en instancias superiores, de ser necesario.

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