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Legalizan aprehensión del menor señalado por el atentado contra Miguel Uribe
El joven de 15 años fue capturado en flagrancia con un arma de fuego en el lugar del ataque. La Fiscalía abrió varias líneas de investigación para esclarecer los hechos y dar con todos los responsables.
Este lunes 9 de junio, un juez de la República legalizó la aprehensión de un menor de 15 años capturado en flagrancia por su presunta participación en el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El adolescente fue detenido en el lugar de los hechos portando una pistola Glock calibre 9 milímetros.
El ataque ocurrió el sábado en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, durante un evento político del partido Centro Democrático. Uribe recibió dos impactos de bala y otras dos personas resultaron heridas.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la detención del menor y anunció la apertura de dos procesos investigativos, junto con la implementación de cuatro líneas de investigación que buscan esclarecer lo ocurrido, identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales, y llevarlos ante la justicia.
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“La prioridad es recolectar toda la información y evidencia necesaria para llegar a la verdad del atentado”, indicó el ente acusador. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, calificó el hecho como “una amenaza directa contra las formas de participación democrática en Colombia” y pidió respaldo institucional para garantizar un proceso electoral seguro en 2026.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.
Mientras el presunto atacante permanece hospitalizado tras resultar herido en la pierna izquierda durante su captura, las autoridades realizaron dos allanamientos simultáneos en Bogotá, en viviendas de familiares del joven. Según Noticias Caracol, el menor, huérfano de madre y con su padre fuera del país, estaría bajo el cuidado de su abuela y su tía.
Los operativos, liderados por el CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial, buscan recolectar pruebas para esclarecer el crimen que ha conmocionado al país y reavivado el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en campaña.
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