Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: seis capturados firmaron preacuerdos con la Fiscalía

El año 2026 comenzó con avances clave en la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía General de la Nación confirmó que seis de los nueve capturados por este crimen han concretado preacuerdos con el ente acusador, con el objetivo de agilizar las sentencias y fortalecer el acervo probatorio para identificar a los determinadores del atentado.

Los preacuerdos están orientados a robustecer la investigación sobre los autores intelectuales del ataque perpetrado el pasado 7 de junio en el sector de Modelia, en Bogotá. La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, explicó que el proceso entra ahora en una fase de validación judicial. 

“Estamos avanzando, se han realizado alrededor de seis preacuerdos y estamos pendientes de que nos fijen fecha para emitir la correspondiente sentencia”, señaló, al subrayar que la prioridad en 2026 es judicializar a quienes ordenaron el crimen.

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En paralelo, las autoridades han revelado indicios que refuerzan la hipótesis de una presunta participación de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc. En este contexto, el testimonio de Katherine Martínez, alias ‘Gabriela’, ha sido determinante. Tras su captura en Caquetá, la procesada aseguró que recibió órdenes de alias ‘El Costeño’ para trasladarse a zonas selváticas y recibir entrenamiento en el uso de drones por parte de esa estructura insurgente.

La Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas dentro del proceso, elevando los cargos de tentativa a homicidio agravado consumado, además de imputaciones por concierto para delinquir y uso de menores. En este marco, un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) dictó la primera sanción del caso, condenando a siete años de privación de la libertad en un centro especializado al joven de 15 años que disparó contra el político. El menor aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

Entre los principales articuladores del atentado figuran Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, señalado como coordinador logístico y responsable de entregar el arma al adolescente, y William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, quien habría participado en las reuniones de planeación y facilitado la huida de los sicarios. También se acusa a Harold Daniel Barragán Ovalle de haber seleccionado al menor y de acondicionar la pistola tipo Glock para disparar en ráfaga, aumentando su letalidad.

La investigación reveló además que la red criminal operaba desde centros carcelarios. En ese contexto fue judicializado Jhorman David Mora Silva, quien presuntamente contactó y convenció al adolescente mediante videollamadas desde prisión. A esto se suma la captura en el Meta de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, identificado como el supuesto intermediario entre los determinadores y el grupo encargado de ejecutar el crimen.

Actualmente, el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral para los adultos implicados, mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas investigativas para establecer quiénes dieron la orden final del atentado. Con más de 300 actividades investigativas y el análisis de dispositivos móviles, las autoridades buscan esclarecer el móvil del crimen y dar con los autores intelectuales del magnicidio.

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