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Policía Nacional presenta nuevo manual para el uso de armas menos letales

El manual establece lineamientos técnicos y de derechos humanos para el uso de armas menos letales, con acompañamiento de la ONU y organizaciones civiles.

Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 26/06/2025 - 18:08

La Policía Nacional, bajo la dirección del ministerio de Defensa, inició la divulgación del nuevo "Manual para el Empleo de Armas, Municiones, Elementos y Dispositivos Menos Letales (AML)", una normativa clave que busca estandarizar el uso de estos elementos en concordancia con los derechos humanos y los principios constitucionales. Esta actualización normativa fue formalizada a través de la Resolución 1840 de 2025.

El documento es el resultado de un proceso participativo que contó con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ministerio de Defensa y la propia Policía Nacional. 

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Su publicación marca un avance en el compromiso del Gobierno por modernizar el uso de la fuerza estatal, en línea con las recomendaciones internacionales y estándares de respeto a los derechos fundamentales.

El manual está dirigido a todo el personal uniformado de la Policía Nacional, con el fin de orientar el uso adecuado y proporcional de armas menos letales en el marco del servicio policial. Establece parámetros técnicos e institucionales para su uso, clasificación y aplicación, reforzando los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad, diferenciación y constitucionalidad.

Además de establecer lineamientos técnicos, el documento propone un enfoque renovado basado en medios sustitutivos y mecanismos de desescalamiento, como la disuasión verbal, la comunicación asertiva, la mediación y la persuasión. Solo cuando estas herramientas sean ineficaces para alcanzar un objetivo legal, se autoriza el uso de las AML, previa capacitación y entrenamiento especializado del personal policial.

Este nuevo marco normativo fortalece la seguridad jurídica de los agentes y reafirma el compromiso institucional con la protección de los derechos ciudadanos. La resolución no implica una limitación en la capacidad operativa de la fuerza pública, sino una mejor regulación de sus acciones en el terreno, contribuyendo a generar mayor confianza entre la ciudadanía y las autoridades.

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