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Procuraduría pide a la JEP nulidad del caso del excongresista Almario Rojas
Ministerio Público argumenta incumplimiento del régimen de condicionalidad.
![PROCURADURÍA Y JEP](/sites/default/files/styles/imagen_principal_contenidos_2021/public/2023-06/PROCURADUR%C3%8DA%20Y%20JEP.jpg.webp?itok=rlnzqI_X)
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que promueva un incidente de incumplimiento y la nulidad de lo actuado en el caso del excongresista Luis Fernando Almario Rojas, argumentando que no ha cumplido con el régimen de condicionalidad establecido para quienes se acogen a este sistema judicial.
Según el Ministerio Público, se vulneró el factor de competencia al enviar el caso al trámite acusatorio sin cumplir con lo previsto por la ley, ya que no se emitió un Auto de Determinación. Además, se señaló que Almario enfrenta un proceso ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en el cual tampoco ha cumplido con los requisitos exigidos, lo que ha generado una situación anómala.
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El procurador delegado, Juan Carlos Acosta, subrayó que Almario ha negado consistentemente su participación en el conflicto armado y los crímenes atribuidos, lo que, según el Ministerio Público, evidencia una falta de compromiso con los mínimos de verdad exigidos por el régimen de condicionalidad. Esta situación, en opinión de la Procuraduría, debió haber dado lugar a un incidente de incumplimiento antes de iniciar el juicio, lo cual no se valoró adecuadamente.
La solicitud de nulidad, explicó el Ministerio Público, tiene como objetivo garantizar la legalidad de la actuación judicial y proteger el derecho fundamental al debido proceso de los involucrados. En 2023, la Procuraduría ya había advertido sobre la falta de compromiso de Almario con el Sistema Integral para la Paz, lo que llevó a considerar la exclusión de su caso de la competencia de la JEP.
Finalmente, la Procuraduría solicitó a la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz la práctica de 11 pruebas adicionales en el caso de Almario.
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