Retención de 31 militares en El Tambo, Cauca: Ejército atribuye hechos a presión de disidencias

El Ministerio de Defensa confirmó que se trata de 29 soldados y dos suboficiales que permanecen rodeados por un grupo de más de 200 personas, en un polideportivo del corregimiento de Honduras.

Autoridades atribuyen el hecho a la presión ejercida por estructuras ilegales del frente Carlos Patiño, en medio de los operativos de control territorial en el Cañón del Micay.

En las últimas horas en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca, se presentó una situación que mantiene en alerta a las autoridades militares y civiles del país.

Un total de 31 uniformados adscritos al Ejército Nacional fueron retenidos en un polideportivo del corregimiento de Honduras, zona rural de la región, luego de que más de 200 personas impidieran su libre circulación y permanencia en el área.

La información fue confirmada por la Tercera Brigada, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército, que mantiene jurisdicción sobre esta parte del suroccidente colombiano.

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Según versiones preliminares obtenidas por medios de comunicación y validadas por autoridades militares, se trataría de 29 soldados regulares y dos suboficiales que integraban una unidad desplazada a la zona con el propósito de adelantar operaciones de control territorial.

Durante el desarrollo de estas actividades, los uniformados fueron rodeados por una multitud compuesta mayoritariamente por habitantes de la región, quienes, de acuerdo con versiones oficiales, habrían sido presionados o instrumentalizados por el grupo armado ilegal conocido como frente Carlos Patiño, una de las estructuras que conforman las disidencias de las extintas FARC-EP.

La situación fue calificada por el ministro de Defensa Nacional, general (r) Pedro Sánchez, como un acto en contra del Estado.

El jefe de la cartera manifestó que la Fuerza Pública tiene el mandato constitucional de ejercer control sobre cualquier parte del territorio nacional y que ningún grupo armado o colectivo ciudadano puede obstaculizar la acción legítima de las autoridades.

Según sus palabras, impedir el tránsito y el ejercicio de funciones de las unidades militares representa una violación directa a las normas que rigen el orden público.

“En Colombia no existen zonas vedadas para la Fuerza Pública. Nuestra misión es clara: garantizar el cumplimiento del orden constitucional. Toda acción que impida ese cumplimiento constituye un ataque al Estado y será tratada como tal”, declaró Sánchez al término de una reunión del Consejo de Seguridad, convocada de forma extraordinaria tras conocerse los hechos ocurridos en El Tambo.

El ministro también se refirió al contexto social del Cañón del Micay, una región históricamente afectada por cultivos de uso ilícito, presencia de actores armados y bajos indicadores de desarrollo económico.

Expresó que la mayoría de los habitantes del sector han manifestado su intención de abandonar la dependencia de economías ilegales y participar en procesos de sustitución, pero que su voluntad se ve coartada por las estructuras armadas ilegales que ejercen control territorial mediante prácticas coercitivas.

“La comunidad del Cañón del Micay busca alternativas para dejar atrás los cultivos ilícitos y construir entornos libres de violencia. No desean que sus hijos sean utilizados por grupos armados, ni que sus territorios estén minados o atados a economías ilegales. Su intención es clara, pero las estructuras criminales impiden el avance de estos procesos”, agregó Sánchez.

El frente Carlos Patiño es una de las estructuras disidentes más activas en el suroccidente colombiano. Según informes de inteligencia del Ejército y la Policía, esta agrupación mantiene presencia en varios municipios del departamento del Cauca, en especial en áreas con alta producción de hoja de coca y tránsito estratégico para economías ilegales.

En los últimos meses, el Gobierno ha intensificado operaciones para debilitar su capacidad operativa, lo cual ha derivado en mayores tensiones con las comunidades locales, en muchas ocasiones utilizadas como escudo o herramienta de presión contra las fuerzas estatales.

Por ahora, las autoridades mantienen diálogos con líderes comunitarios para lograr la liberación sin confrontaciones de los 31 uniformados retenidos.

La Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia también han sido notificadas de los hechos, con el objetivo de facilitar la interlocución humanitaria y evitar una escalada del conflicto en la zona.

Hasta el momento, no se ha reportado ninguna afectación física a los militares, quienes permanecen dentro del recinto sin libertad de movimiento.

El Gobierno Nacional analiza las medidas que serán adoptadas en las próximas horas, incluyendo la posibilidad de reforzar la presencia institucional en el municipio de El Tambo y en las áreas rurales del Cañón del Micay, así como acelerar las acciones del programa de sustitución voluntaria de cultivos, paralelamente a las operaciones contra las estructuras armadas que impiden su implementación.

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