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SAE: denuncian cobro de comisiones en nombre del director y Juan Fernando Petro
Evidencian el modus operandi de una supuesta organización con negocios millonarios en el manejo de bienes incautados.
En una reciente revelación, se han presentado serias acusaciones que involucran a Carmen Yaneth Bran Jaramillo, conocida por su participación política en el Partido Conservador y por su vinculación con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, en un escándalo de corrupción.
Según los informes, Bran Jaramillo está implicada en solicitar pagos indebidos, utilizando los nombres de Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro.
El supuesto intercambio involucra la adjudicación de propiedades incautadas a narcotraficantes, actualmente bajo la gestión de la Inmobiliaria Santo Domingo, entidad responsable de administrar los activos de la SAE.
Los hechos se desvelaron gracias a una investigación por parte del equipo de Cambio, que descubrió conexiones entre Bran Jaramillo y Juan Fernando Petro, evidenciando su colaboración en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.
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Los detalles de las acusaciones indican un modus operandi en el que Bran Jaramillo y una asociada, identificada como Karen de Consultores Santo Domingo SAS, se acercaban a interesados en propiedades estatales, ofreciendo transacciones rápidas a cambio de pagos no oficiales.
Un denunciante específico relató haber entregado 150.000 dólares a Bran Jaramillo en noviembre de 2022, con el objetivo de adquirir un apartamento en El Poblado, Medellín, anteriormente propiedad de Francisco Iván Cifuentes Villa, figura del crimen organizado.
El inmueble formaba parte de los bienes administrados por Consultores Santo Domingo SAS. Posteriormente, fue entregada la propiedad, con la presencia de Karen Yazmín Hernández, quien confirmó la transferencia de propiedad.
Otro caso mencionado involucra la venta facilitada por Bran Jaramillo de un edificio en el barrio Laureles de Medellín, anteriormente propiedad de Nicolás de Jesús del Río Jiménez, investigado por lavado de activos. El edificio, parte de los bienes de la inmobiliaria Santo Domingo, fue vendido por un monto de 1.700 millones de pesos.
Mientras tanto, Cambio ha revelado más casos similares, y a pesar de la gravedad de las acusaciones, Bran Jaramillo sostiene que todas las denuncias en su contra son infundadas.
Este escándalo pone de manifiesto la problemática de la corrupción en la gestión de bienes estatales y plantea serias preguntas sobre la integridad de las instituciones y personalidades implicadas.
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