Tribunal Superior de Bogotá envía a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves el envío a prisión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, al imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario dentro del proceso que se les adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada por la Sala Penal, que evaluó la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, la cual investiga a los exfuncionarios por su presunta participación en el direccionamiento de millonarios contratos de obra e infraestructura administrados por la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Según el ente acusador, esos recursos habrían sido utilizados para “comprar” apoyos de un grupo de congresistas a proyectos del Gobierno en el Congreso.

En su determinación, la magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la Fiscalía erró al solicitar inicialmente detención domiciliaria, al señalar que esta debe entenderse como una medida sustitutiva y no como la principal. A juicio del Tribunal, la gravedad de los hechos investigados exigía una medida más severa, como la reclusión en establecimiento carcelario.

La magistrada tuvo en cuenta que, para la época de los hechos, Bonilla y Velasco ejercían plenamente sus funciones ministeriales y contaban con control directo sobre recursos públicos y capacidad de incidencia política. En el caso de Bonilla, se destacó su rol como jefe de la cartera de Hacienda y su facultad para orientar el uso del presupuesto. En cuanto a Velasco, se resaltó su contacto permanente con congresistas y su papel en la articulación política.

Según el análisis judicial, los exministros habrían actuado de manera coordinada, en una “división de tareas”, para lograr los fines de lo que la magistrada calificó como una empresa criminal orientada a direccionar contratos y cupos indicativos a cambio de votos favorables a reformas impulsadas por el Ejecutivo.

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La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ambos rechazaron en la audiencia de imputación realizada el primero de diciembre. El ente acusador sostuvo que en reuniones realizadas en los ministerios de Hacienda y del Interior se impartieron instrucciones para entregar contratos solicitados por congresistas, versión respaldada, entre otros elementos, por el testimonio de la exasesora María Alejandra Benavides.

En su decisión, el Tribunal también dio credibilidad a las declaraciones de exdirectivos de la UNGRD, al considerar que sus relatos son coherentes y coinciden en señalar la participación y el conocimiento de Bonilla y Velasco en el esquema investigado. Para la magistrada, los hechos no fueron aislados ni improvisados, sino parte de una estrategia sostenida para incidir en decisiones del Legislativo.

Aunque la medida no implica una condena, sí representa uno de los golpes judiciales más fuertes derivados del caso UNGRD y marca un punto de inflexión en el proceso penal contra los exministros, quienes ahora enfrentarán la investigación privados de la libertad mientras avanza el trámite judicial.

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