Amenaza a Diana Salazar fiscal general de Ecuador: grupo armado exige su renuncia y graba video

En un acontecimiento alarmante ocurrido en Ecuador, una comunicación amenazante fue dirigida a Diana Salazar, la fiscal general del país. El remitente del mensaje intimidante no era otro que un grupo armado que, en un video difundido en plataformas como Twitter y otras redes sociales, emitía advertencias perturbadoras contra Salazar y su hija.

Este grupo armado, compuesto por al menos seis individuos enmascarados y armados con fusiles y ametralladoras, exigía la renuncia de Salazar. Esta demanda surge en medio de los procesamientos de Salazar a altos funcionarios por corrupción, incluyendo a Rafael Correa, expresidente de Ecuador.

El mensaje intimidatorio llegó al dispositivo móvil de Salazar en las primeras horas de la mañana. Este hecho recordó el incidente de 2017, cuando Salazar había recibido amenazas, aunque de menor gravedad que las actuales.

Ante este desafío, la Fiscalía emitió una declaración condenando cualquier acto de intimidación y solicitó a los ciudadanos, al estado y a la comunidad internacional que se mantuvieran alerta a cualquier intento de usurpar esta institución, independientemente del método o costo.

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La respuesta del estado no se hizo esperar. Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador, se pronunció en Twitter rechazando la intimidación de estos grupos criminales contra la vida de un representante estatal e intentando tomar el control de las instituciones de justicia. Lasso añadió que el estado tiene que defender las instituciones democráticas y aseguró que la policía proporcionará toda la protección necesaria a Salazar.

Las fuerzas de seguridad del estado anunciaron que sus mejores unidades de investigación trabajarán conjuntamente con la Fiscalía para identificar a los responsables de estas amenazas.

A lo largo de la semana, Salazar ha denunciado lo que ella considera intentos desesperados para destituirla de su cargo. Estos intentos provienen, según ella, del Consejo de la Judicatura, el organismo administrador de la justicia, y del Consejo de Participación Ciudadana, liderado por Alembert Vera, quien ha actuado como abogado de Correa en varios casos de corrupción.

A pesar de que ni la Constitución ni las leyes ecuatorianas permiten que la Judicatura o el Consejo fiscalicen o sancionen a la Fiscal General, ambos organismos han realizado movimientos en esa dirección. Esto incluye la convocatoria a una reunión para discutir un expediente disciplinario contra Salazar y una posible sanción.

Para Germán Rodas, coordinador de la no gubernamental Comisión Nacional Anticorrupción, existe una acción concertada de algunos sectores para evitar la sanción a ciertas personas vinculadas con la corrupción. Rodas insta a la Fiscalía a no ceder ante las amenazas y continuar su labor.

Por su parte, Salazar mantiene que la persecución en su contra está promovida por aquellos que buscan impunidad y están encarcelados o prófugos de la justicia.

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