Capturan en EE.UU. a dueña de Guardería ABC, 16 años después del incendio donde murieron 45 niños

Familiares de los menores fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en Hermosillo el 5 de junio de 2009, informaron sobre la presunta detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la estancia infantil, en el estado de Arizona, Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, organización conformada por padres de víctimas directas e indirectas del incendio, quienes han mantenido durante más de una década una campaña activa en demanda de justicia y sanciones penales para los responsables del siniestro.

La información sobre la detención de Téllez Nieves, de acuerdo con la comunicación emitida por dicho grupo, se obtuvo por vías no oficiales y señala como lugar de reclusión el Centro de Detención de Eloy, ubicado en el estado norteamericano de Arizona.

En la misiva dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, los familiares solicitaron la intervención del Estado mexicano para que se tramite su deportación y posterior extradición con el fin de que comparezca ante las autoridades judiciales del país.

Según el documento, la detención habría sido posible mediante una ficha roja de búsqueda internacional emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

No obstante, los familiares indicaron que ni el Gobierno federal ni la Fiscalía General de la República han emitido pronunciamientos oficiales ni les han brindado notificación directa del arresto.

Señalaron que ese silencio institucional genera desconfianza, dado que se trata de una persona con una orden de reaprehensión vigente y con antecedentes penales relacionados con el caso.

El Grupo Manos Unidas por Nuestros Niños afirmó haber conocido que la defensa legal de Téllez Nieves estaría gestionando una solicitud de asilo político en Estados Unidos. Alegarían, según los padres, que su clienta es víctima de persecución política, argumento que los familiares rechazan de manera categórica.

En su declaración, recalcaron que la mujer no enfrenta cargos por motivos ideológicos, sino por la presunta responsabilidad penal en el fallecimiento de 49 menores y en las lesiones sufridas por más de un centenar de niños durante el incendio.

En el proceso judicial relacionado con el caso Guardería ABC, Téllez Nieves fue inicialmente sentenciada en 2016 a una pena de prisión de 28 años, 8 meses y 4 días. Sin embargo, tras una serie de recursos legales, la condena fue reducida a 5 años y 7 meses.

Posteriormente, en febrero de 2022, se emitió una orden de reaprehensión debido al incumplimiento de condiciones judiciales. Desde entonces, se desconocía su paradero hasta este reciente reporte sobre su presunta detención en territorio estadounidense.

El siniestro ocurrió en una estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las investigaciones indicaron que el fuego se originó en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal y se extendió rápidamente hacia la guardería.

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En el sitio perdieron la vida 49 menores de edad —25 niñas y 24 niños— y al menos 70 resultaron con quemaduras de diversa gravedad, mientras que otros 39 sufrieron afectaciones físicas o neurológicas derivadas del humo y las altas temperaturas.

Entre los hallazgos derivados de las investigaciones se comprobó que la guardería no contaba con rutas de evacuación habilitadas y presentaba múltiples deficiencias en materia de seguridad.

A pesar de ello, a la fecha no hay personas cumpliendo condena por su vinculación directa con los hechos. Aunque en su momento se imputó a más de 20 exfuncionarios de los ámbitos federal, estatal y municipal, varios de ellos fallecieron sin ser sentenciados y otros permanecen en libertad bajo amparo o en espera de resolución judicial.

Organizaciones de familiares han denunciado de manera constante la inacción de las autoridades frente a las órdenes de aprehensión que continúan vigentes y la falta de determinaciones judiciales firmes contra particulares que se beneficiaron con la subrogación de servicios de cuidado infantil sin cumplir con los estándares establecidos por ley.

Señalan que el caso ha sido utilizado con fines políticos por diversos actores y que, pese a la documentación disponible, los procesos penales no avanzan.

El llamado más reciente hecho por las familias busca que el Gobierno federal actúe de manera inmediata para asegurar que Sandra Lucía Téllez Nieves sea entregada a las autoridades mexicanas y enfrente las consecuencias judiciales correspondientes.

Asimismo, reiteraron su exigencia de que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en los hechos, brinde atención integral a las víctimas sobrevivientes y repare de manera adecuada los daños ocasionados.

A más de 16 años del incendio, los colectivos de padres continúan denunciando impunidad, omisión estatal y revictimización institucional, al tiempo que insisten en que el caso representa un símbolo del abandono estructural a la niñez y de la corrupción en la asignación de contratos públicos.

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