El hijo del presidente Luis Arce fue liberado tras ser denunciado por violencia doméstica

La justicia boliviana otorgó la libertad al ciudadano Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, tras ser denunciado por su expareja por violencia familiar en Santa Cruz de la Sierra.

El proceso judicial culminó con la decisión de la jueza de no imponer detención preventiva, sino un tratamiento psicológico obligatorio por un periodo de cinco meses.

La determinación se produjo luego de una audiencia realizada el viernes, a la que Arce Mosqueira asistió tras permanecer casi un mes sin ser ubicado por las autoridades, pese a la existencia de una orden de aprehensión vigente desde el 20 de septiembre.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva por 180 días, pero la jueza rechazó esa solicitud. La decisión judicial fue sustentada en la figura legal de la conciliación diferida, mecanismo previsto en la normativa penal boliviana que habilita acuerdos entre las partes involucradas cuando el proceso admite este tipo de trámite.

Durante la audiencia, la presunta víctima, representada por su abogado, manifestó su voluntad de no continuar con la acción penal, y presentó un informe médico que determinó una incapacidad temporal de doce días, derivada de las lesiones alegadas.

La fiscal del caso, Jessica Echeverría, confirmó la información y explicó que la jueza resolvió imponer el tratamiento psicológico al imputado, medida que el Ministerio Público no avaló, pues consideraba que el riesgo procesal justificaba una medida privativa de la libertad mientras avanzaba la investigación.

La decisión de la jueza generó pronunciamientos divididos en redes sociales y medios de comunicación locales, donde se cuestionó el papel de la Fiscalía, el uso de figuras conciliatorias en casos de violencia doméstica, y la influencia que podría tener el parentesco del acusado con el jefe de Estado.

Imágenes divulgadas por la prensa boliviana muestran a Arce Mosqueira saliendo de la sala judicial con una gorra y mascarilla que le cubrían parcialmente el rostro.

El acusado no ofreció declaraciones públicas. Por su parte, el presidente Luis Arce Catacora no se ha pronunciado sobre el proceso ni sobre la liberación de su hijo.

Tampoco ha habido pronunciamientos institucionales desde el despacho presidencial o el Ministerio de Justicia respecto al tratamiento judicial de este caso en particular.

El incidente se registra en una coyuntura marcada por la tensión política y económica en Bolivia. El país se encuentra a pocas horas del balotaje presidencial, en el que se enfrentarán los candidatos Jorge Quiroga Ramírez y Rodrigo Paz Pereira. Ambos pertenecen a corrientes políticas que buscan poner fin a un ciclo de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del actual mandatario.

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La jornada electoral ha sido precedida por protestas en distintas regiones, especialmente en Santa Cruz de la Sierra, ciudad donde se originó la denuncia contra Arce Mosqueira y que ha sido epicentro de movilizaciones contra el Gobierno central en los últimos años.

El panorama económico agrava el contexto. Bolivia enfrenta dificultades severas en el abastecimiento de combustibles, especialmente diésel, situación que ha provocado la paralización parcial de actividades productivas en sectores como el agroindustrial y el transporte.

Las estaciones de servicio registran largas filas y la distribución de carburantes se ha vuelto intermitente en varias regiones del país.

Las autoridades han atribuido la crisis a problemas logísticos y factores externos, pero diversos sectores económicos y sociales sostienen que la situación se deriva de una gestión deficiente en la administración energética.

La confluencia de estos elementos —proceso judicial contra un familiar del jefe de Estado, crisis energética, y contienda electoral— ha provocado una serie de reacciones en el ámbito político y mediático, donde se advierte que este tipo de episodios pueden incidir sobre la percepción ciudadana en relación con la independencia del sistema judicial y la transparencia del Gobierno nacional.

En redes sociales, líderes políticos de oposición han señalado que el caso revela un patrón de impunidad y han exigido garantías para que los procesos judiciales se desarrollen sin injerencias.

El caso también ha sido seguido por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que han expresado su preocupación frente al uso de salidas alternativas en denuncias por violencia de género.

Algunas entidades han solicitado revisar el marco normativo que permite la conciliación en contextos de violencia doméstica, alegando que estas figuras podrían desalentar la denuncia y la protección efectiva de las víctimas.

La liberación de Marcelo Arce Mosqueira, en ese contexto, se ha convertido en un punto de debate público que trasciende el plano judicial y se inserta en una coyuntura nacional atravesada por la incertidumbre electoral, la presión social ante la crisis energética, y el escrutinio a las instituciones del Estado.

La jornada electoral prevista para este domingo se desarrollará bajo ese escenario, en el que las decisiones judiciales, la gestión del Ejecutivo y la conducta de los actores políticos serán observadas con detenimiento por la ciudadanía y organismos internacionales.

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