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Fiscalía de Argentina pide a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad
Detalles de la decisión de un fiscal de ese país.
La Fiscalía de la República Argentina elevó un requerimiento a la Justicia Federal de ese país para que solicite a las autoridades de Estados Unidos la extradición del ciudadano venezolano Nicolás Maduro Moros, actualmente detenido en territorio estadounidense.
El requerimiento judicial surge en el marco de un proceso penal iniciado en tribunales argentinos que lo involucra por presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante su ejercicio del poder en Venezuela.
El pedido fue formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli mediante un escrito dirigido al juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 2.
En el documento, el fiscal hizo referencia a la captura de Maduro, ejecutada por fuerzas estadounidenses el sábado anterior, y solicitó que se active de manera inmediata el procedimiento de extradición activa, con el propósito de que el exmandatario comparezca ante la jurisdicción argentina.
El fiscal Stornelli argumentó que la solicitud reviste carácter urgente dada la condición actual de detención de Maduro y recordó que en Argentina existe una orden de aprehensión vigente en su contra.
Asimismo, indicó que el caso forma parte de un expediente que continúa en curso en sede judicial y que amerita la intervención directa del imputado.
El expediente judicial se remonta a una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
La acción penal fue radicada en base al principio de jurisdicción universal, un mecanismo reconocido por el derecho internacional que habilita a cualquier Estado a procesar crímenes de lesa humanidad, aun cuando estos no hayan sido cometidos en su territorio ni involucren a ciudadanos nacionales.
Lea también: (Hijo de Nicolás Maduro señalado en escrito de acusación de EE.UU. por presunto encuentro con Farc)
El juez Ramos, luego de revisar los elementos allegados a la causa, dispuso en septiembre de 2024 la orden de captura contra Maduro y otros altos funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de ese país.
La medida fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal, que también ordenó la notificación del caso a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con el fin de tramitar alertas internacionales.
En los fundamentos de su resolución, el tribunal sostuvo que existían elementos suficientes para considerar que se habría ejecutado un patrón de actuación organizado y prolongado en el tiempo, orientado a ejercer represión sistemática contra sectores de la población civil en Venezuela.
El tribunal enumeró prácticas como persecución, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos como parte del entramado delictivo por el cual se vincula a los acusados.
Este nuevo avance judicial ocurre apenas dos días después de la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Maduro en Caracas.
El exmandatario fue trasladado bajo custodia a la ciudad de Nueva York, donde compareció por primera vez ante la Corte del Distrito Sur.
En la audiencia preliminar, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y conspiración criminal formulados por la Fiscalía estadounidense.
La acusación sostiene que durante su permanencia en el poder, Maduro habría liderado una estructura criminal para el tráfico internacional de estupefacientes.
El gobierno de Javier Milei, a través de canales oficiales, fue uno de los primeros en manifestar públicamente su respaldo a la operación ejecutada por fuerzas estadounidenses.
Desde la Casa Rosada se hizo énfasis en que el arresto de Maduro representa un paso hacia la restauración de la democracia en la región y se reiteró la posición del Ejecutivo argentino que considera a Maduro una amenaza activa para la estabilidad del hemisferio occidental.
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