Merlys Oropeza: condenada a prisión por criticar al gobierno de Maduro en redes

El Tribunal Tercero de Juicio del estado Monagas, con sede en Maturín, emitió el 18 de junio de 2025 una sentencia de diez años de prisión contra Merlys Oropeza, una joven residente de la comunidad Las Carolinas, ubicada en dicha jurisdicción.

La decisión judicial se fundamenta en la supuesta comisión del delito de incitación al odio, tras la difusión de un mensaje crítico a través de su estado de WhatsApp, en agosto de 2024, relacionado con la distribución de alimentos a través del programa estatal CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), administrado por el gobierno venezolano.

El proceso judicial contra Oropeza se originó a partir de una publicación realizada el 9 de agosto de 2024, en la cual mencionaba directamente a la encargada local del programa CLAP, identificada por los vecinos como dirigente del Consejo Comunal.

En dicho mensaje, Oropeza escribió: “Estas son las palabras de la jefe del CLAP de Las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos”.

Las autoridades interpretaron esa expresión como una manifestación hostil destinada a promover el rechazo colectivo hacia una figura que ejecuta funciones asignadas dentro de la estructura del programa alimentario.

Ese mismo día, la joven fue detenida por organismos de seguridad y trasladada a un centro de reclusión preventiva. Posteriormente, fue procesada bajo los parámetros establecidos en la Ley Contra el Odio, norma sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, y utilizada desde entonces en casos que involucran mensajes emitidos en medios digitales o redes sociales.

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El caso ha generado pronunciamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Estos grupos sostienen que la legislación empleada para sustentar la condena no cumple con estándares internacionales sobre libertad de expresión, y que ha sido aplicada de forma reiterada como mecanismo para desincentivar la crítica al poder Ejecutivo.

Asimismo, denuncian que el delito de “incitación al odio” carece de definiciones precisas y habilita interpretaciones amplias por parte del aparato judicial.

A raíz de la publicación del fallo, circuló en redes sociales un documento escrito a mano por la misma Merlys Oropeza, dirigido a sus padres.

En dicha misiva, fechada en junio de 2025, la joven manifiesta las repercusiones emocionales de su reclusión. “Con mucha nostalgia y tristeza te escribo esta carta porque siento que todo lo que diga no alcanzará a reparar el daño que les he hecho pasar”, expresa uno de los apartes. También señala el desgaste físico y mental derivado de su situación carcelaria, al afirmar: “Ya no me quedan fuerzas”.

La carta fue difundida por la activista Yeimy Muñoz, quien compartió una imagen del texto manuscrito a través de la red social X (antes Twitter), acompañada del mensaje: “Sentencia de 10 años a Merlys Oropeza, detenida desde agosto 2024 por un estado de WhatsApp donde se refería a la jefa del Consejo Comunal de su comunidad. Merlys le envió una carta a sus padres. #JusticiaParaMerlys”.

Por su parte, entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han mantenido bajo observación la aplicación de la Ley Contra el Odio en Venezuela.

En informes previos, han advertido que esta herramienta jurídica ha sido utilizada para sancionar manifestaciones disidentes, aun cuando se enmarquen dentro del derecho ciudadano a expresar opiniones sobre políticas públicas o condiciones sociales.

La sentencia contra Merlys Oropeza se suma a un conjunto de decisiones similares registradas en los últimos años, en las que ciudadanos han sido sancionados penalmente por publicaciones en redes sociales, incluyendo mensajes en plataformas como Twitter, Facebook o estados de mensajería instantánea.

Observadores independientes y expertos en derecho internacional señalan que la práctica pone en entredicho la garantía de libertades civiles fundamentales, y afecta de forma directa el ejercicio del debate democrático en contextos locales.

Oropeza permanece privada de libertad en un centro penitenciario del oriente venezolano, donde cumple una medida privativa impuesta por el tribunal.

Su defensa anunció que recurrirá la sentencia en instancias superiores del sistema judicial, y ha solicitado el acompañamiento de organizaciones jurídicas para elevar el caso a instancias internacionales.

En paralelo, familiares de la joven han iniciado campañas de sensibilización para visibilizar el proceso, argumentando que se trata de una sanción desproporcionada frente al contenido del mensaje original.

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