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Presos políticos en Venezuela inician huelga de hambre en cárcel El Rodeo I
Detenidos políticos exigen su libertad.
Varios detenidos considerados presos políticos por organizaciones defensoras de derechos humanos comenzaron una huelga de hambre en el centro penitenciario El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, Venezuela.
La acción de protesta busca exigir su excarcelación y denunciar las condiciones a las que han sido sometidos.
En respuesta a la huelga, las autoridades del penal habrían ordenado el confinamiento de los participantes en celdas de castigo, donde, según denuncias, permanecen desnudos y aislados por tiempo indefinido.
La información fue divulgada por Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, quien advirtió sobre el deterioro físico y mental que afecta a los reclusos por causa del aislamiento y las condiciones extremas.
Moreno instó a la comunidad internacional a reaccionar ante lo que califica como una situación crítica, caracterizada por violaciones reiteradas a los derechos fundamentales de los internos, quienes, según el vocero, enfrentan tratos degradantes, falta de acceso a alimentos adecuados y restricciones severas a la comunicación con sus familiares.
La organización no gubernamental Foro Penal ha identificado al menos 102 personas privadas de libertad en El Rodeo I bajo condiciones asociadas a prisión política, incluyendo a Rafael Tudares, yerno del dirigente opositor Edmundo González Urrutia. Entre los detenidos también figuran ciudadanos extranjeros.
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La ONG alertó que muchos de estos casos se mantienen bajo esquemas de detención sin información transparente sobre su situación judicial, aumentando su exposición a abusos por parte del sistema carcelario.
A mediados de diciembre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había documentado la persistencia de medidas punitivas contra cinco presos políticos en El Rodeo I, quienes llevaban 49 días sin derecho a visitas ni a recibir alimentos o medicamentos enviados por sus familiares.
El organismo calificó esta situación como un “régimen de castigo” prolongado, lo que representaría una vulneración de derechos reconocidos por estándares internacionales.
Ante estos hechos, el OVP activó acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tribunal que desde 2008 mantiene medidas provisionales a favor de los privados de libertad en los centros Rodeo I y II.
Dichas medidas fueron emitidas tras establecerse que la vida e integridad de los reclusos corrían un riesgo grave e irreparable, dadas las condiciones estructurales del sistema penitenciario venezolano.
La organización instó a las autoridades a cumplir con las garantías mínimas exigidas por el derecho internacional y a detener las prácticas de represión intracarcelaria.
El dirigente opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España, denunció públicamente la situación que vive su yerno, Rafael Tudares, quien fue detenido hace más de un año y enfrentaría cargos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
González Urrutia afirmó que su familia desconoció durante 374 días el paradero y estado de salud de Tudares, y solo recientemente logró confirmar que aún permanece con vida.
El reencuentro fue posible mediante una visita controlada de 25 minutos en la que su hija, esposa del detenido, solo pudo verlo a través de un vidrio.
González Urrutia calificó el prolongado desconocimiento del lugar de reclusión de Tudares como una desaparición forzada.
Señaló además que el proceso judicial ha sido manejado sin acceso público, con audiencias sin notificación previa y sin oportunidad efectiva de defensa.
Desde su cuenta en la red social X, el líder político expresó que el caso de su yerno constituye un ejemplo de detención arbitraria y de prácticas sistemáticas de persecución judicial con fines políticos.
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