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Atentado a Miguel Uribe: Precandidatos presidenciales suspenden actividades proselitistas
En solidaridad con Miguel Uribe y ante el temor por la seguridad electoral, varios precandidatos pausaron sus campañas.

Tras el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, varios aspirantes a la Presidencia de la República decidieron suspender temporalmente sus actividades de campaña, en señal de solidaridad y como llamado urgente frente al deterioro de la seguridad política en el país.
El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, anunció este lunes que suspende toda actividad proselitista de su campaña durante esta semana.
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“Ante el brutal atentado contra la vida de Miguel Uribe, que hoy lucha por sobrevivir, y atento a su evolución, he decidido suspender toda actividad proselitista de nuestra campaña por toda la semana”, expresó. Lizcano agregó que su decisión es también un llamado a la reflexión nacional: “la violencia no puede tener espacio en la democracia”.
Por su parte, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, también anunció la cancelación de su gira política programada para esta semana. Informó que su equipo radicó una solicitud formal al Gobierno nacional en busca de garantías y seguridad para los candidatos, y que espera respuesta en la reunión del Comité de Garantías Electorales prevista para este martes.
El exsenador David Luna se sumó a la decisión y comunicó que suspendía temporalmente sus actividades políticas “en solidaridad con Miguel Uribe, su esposa María Claudia y su familia”, y para pedir unión en defensa de la democracia.
El atentado, ocurrido el sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón durante un acto político, ha generado una ola de preocupación nacional. El estado de salud del senador Uribe Turbay sigue siendo crítico y permanece bajo pronóstico reservado en la Fundación Santa Fe.
En respuesta a la situación, el presidente Gustavo Petro convocó para este lunes una reunión de la Comisión de Garantías Electorales con el fin de analizar las condiciones de seguridad y garantizar el libre ejercicio de la actividad política. El hecho ha encendido alarmas en distintos sectores que temen un retroceso hacia escenarios de violencia política como los vividos durante las elecciones presidenciales de 1990.
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