Bancada independiente advierte vicios en trámite de la reforma pensional

La bancada independiente de la Cámara de Representantes, conformada por miembros del Nuevo Liberalismo y la coalición Centro Esperanza, denunció este sábado 28 de junio presuntos vicios en el procedimiento legislativo de la reforma pensional. A través de una constancia enviada a la mesa directiva, los representantes manifestaron su desacuerdo con la legalidad de la convocatoria a la plenaria en la que se debate el proyecto.

Según el documento, los congresistas aseguran que el decreto que convoca a sesiones extraordinarias y la citación hecha por la Cámara carecen de fuerza vinculante, al estar sustentados en un comunicado de prensa de la Corte Constitucional y no en una providencia judicial formal. De acuerdo con los firmantes, esto genera incertidumbre jurídica sobre la validez del proceso.

Los representantes argumentan que el Auto 841 de 2025, que ordena subsanar vicios en la aprobación de la reforma pensional, aún no ha sido notificado formalmente con su contenido completo. Añaden que esta situación fue confirmada en la sesión del 27 de junio por el secretario general de la Cámara, quien respondió a una consulta de la congresista Catherine Juvinao.

Entre los firmantes de la constancia se encuentran Juan Sebastián Gómez, Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Alejandro García, Katherine Miranda y Catherine Juvinao (Alianza Verde). Aunque algunos de ellos permanecieron en el recinto, reiteraron que no participarían activamente del debate mientras persistieran dudas sobre la legalidad del procedimiento.

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Adicionalmente, los representantes Juvinao y Juan Carlos Losada (Partido Liberal) solicitaron formalmente a la Corte Constitucional la remisión completa del Auto 841. Indicaron que esta es una práctica usual del alto tribunal cuando se ordenan correcciones en trámites legislativos y que resulta indispensable para aclarar el alcance de las decisiones de la Corte.

Por ahora, el debate sobre la reforma pensional continúa en la Cámara, en medio de cuestionamientos sobre el procedimiento seguido para corregir los errores advertidos por la Corte. El Gobierno insiste en que el trámite cumple con los requisitos constitucionales y busca subsanar los vicios señalados sin volver a pasar por el Senado.

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